Soledad Jarquín Édgar*/SemMéxico
Primer acto: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señala entre sus compromisos, el 1 de octubre en el zócalo de la Ciudad de México, reformas al artículo 4 de la Constitución a fin de que -entre otras cosas- quede la vida libre de violencia, propone la homologación de feminicidios en todas las entidades federativas, Fiscalías especializadas en todo el país.
Segundo acto: en México y en cualquier otra parte del mundo, estas modificaciones requieren recursos. Atender la violencia no es la excepción. Fundar y la Red de Nacional de Refugios señalan que el PPEF 2025 propone un presupuesto menor en 4.3 por ciento, es decir, 21.8 millones de pesos menos, para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.
Tercer acto: la realidad que sobrepasa las estadísticas.
El discurso político pasa entonces por varios lugares, uno la mentira, dos la simulación y tres el valemadrismo de las autoridades, y me refiero a todos los nieles de gobierno y poderes del gobierno, ahora sí horizontal y vertical.
El 25 de noviembre de nueva cuenta las mujeres saldremos a la calle para exigir algo que está en la ley: el derecho a vivir libres de violencia, un anhelo que se convierte en un sueño que se escapa. Los agresores, la mayoría hombres, responden a una estructura patriarcal-misógina-violenta, agudizada por la crisis de seguridad por la presencia cada vez más amplia en la geografía del país del crímen organizado y, en el peor de los casos, la normalización de esta crisis.
Vale la pena decir que la cada vez mayor presencia de organizaciones criminales en casi toda la geografía del país es otra realidad que las autoridades han tratado de minimizar. Ahí es donde tendríamos que conocer que efectos tiene la presencia de la violencia criminal en la vida de las personas y en específico en las mujeres.
Al menos cuantitativamente podemos hacer algunos comentarios a partir de los análisis que las organizaciones de la sociedad civil realizan desde la revisión hemerográfica de la violencia donde podemos determinar elementos fundamentales, uno de ellos, los datos preliminares de un hecho, que nos ayudan a determinar si estamos frente a un homicidio culposo, calificado o un feminicidio.
Y es ahí donde, de forma inicial, los datos institucionales “no cuadran” con la realidad, donde el discurso oficial carece de sustento, a pesar del peso que tengan las autoridades, “los especialistas” y sus métodos científicos que dicen utilizar, porque la realidad supera el discurso político.
Si hablamos de los hechos de violencia extrema contra las mujeres, el secretariado sostiene que de enero a septiembre de este año, dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocurrieron 598 feminicidios en el país. Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Puebla y Chihuahua son los estados con más delitos de esta naturaleza, que van de 52, 50, 42,42, 41,39 y 38, respectivamente. En el otro extremo, con menos asesinatos de mujeres por razones de género están: Zacatecas, Querétaro, Colima, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Baja California Sur.
Lo que contrasta con la cifra que las organizaciones de la sociedad civil reportan y que conservadoramente cada año ascienden a más de tres mil feminicidios en México, de acuerdo a sus propios métodos de seguimiento de este fenómeno.
El año pasado, 2023, esta misma institución dijo que sólo ocurrieron 848 casos de feminicidio, lo que lleva a poner los ojos en los homicidios dolosos, a donde van a parar el 75 por ciento de los asesinatos violentos con características de género. Tal parece que en 2024 la receta será la misma.
La estadística del Secretariado señala que la tasa nacional es de 0.89 por cada 100 mil mujeres. La tasa más alta esta en Morelos (3.98) y la más baja en Querétaro (0.30).
El secretariado nos indica también cuales son los cien municipios que registran más feminicidios en los primeros nueve meses del año, Ciudad Juárez reporta 20. De 13 feminicidio a tres, son 57 municipios y 42 municipios con reportes de dos feminicidios cada uno. En total suman 384 en estos cien municipios. Más 214 feminicidios, en 200 municipios donde también hay reportes. En estos 300 municipios hacen un total de 598.
Estas son las muy alegres cuentas del Secretariado Ejecutivo, que afirma que en dos mil 175 municipios del país no hay feminicidios.
Cuando se habla de “homicidios dolosos de mujeres” hay un cruce entre las entidades con reportes de delitos cometidos por el crimen organizado y donde las mujeres son víctimas directas en muchos de los casos y por razones evidentes de género: mujeres como botín, mujeres como parte de venganzas, misoginia y machismo evidentes, crímenes perpetuados por comandos armados.
Dos mil 26 asesinatos de mujeres en todo el país dicen las estadísticas que mes con mes presentan en cadena nacional, los mas altos se ubican en Guanajuato y Baja California, cada uno con más de 200 casos; siguen cinco estados con más de 100 “homicidios dolosos”: Edomex, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
Se necesita un poco de observación para ver lo que realmente sucede en México.
El ejemplo es Oaxaca. El Secretariado dice que se han cometido 11 feminicidios, en ese periodo. Así como 71 homicidios dolosos. La organización Consorcio Oaxaca reporta 77 asesinatos violentos entre enero y septiembre. Insisto, desde las instituciones sigue el regateo, apenas el 14.2 por ciento de los asesinatos violentos son considerados en Oaxaca como feminicidio, 10 por ciento menos que en 2023.
El afán por ocultar lo que sin duda son “crímenes del Estado mexicano” nos hacen cuentas alegres. Gobernadores como Salomón Jara en el caso de Oaxaca, minimizan los hechos de violencia contra las mujeres, se apura a hacer declaraciones públicas que ni la propia Fiscalía de Oaxaca se aventura a poner sobre la mesa pública.
Al final, los gobiernos siguen cargando el gran pecado: la impunidad.
*Periodista y activista feminista.
