Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de diciembre de 2024.- Con 37 votos a favor, la 66 Legislatura del Congreso local avaló el decreto por el que se suprimen con efecto inmediato mil 344 plazas administrativas pertenecientes al gobierno de Oaxaca, conforme a la solicitud del Ejecutivo del Estado, que fueron otorgadas durante el periodo comprendido de 2016-2022.
El dictamen del decreto destaca que tan solo en el periodo de 2013 al 2022 se dio un incremento del 47.80 por ciento en la plantilla del personal de base, lo que significa que en menos de 10 años se otorgaron más de cuatro mil nombramientos de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica y la legislación financiera.
Además, de acuerdo con una revisión efectuada en la Secretaría de Administración el pago a estos nombramientos otorgados ocasiona erogaciones con cargo al presupuesto estatal que afecta de manera directa la cobertura disponible para los programas sociales y las acciones por el combate a la pobreza, con la finalidad de coadyuvar en la construcción de una vida digna para las y los oaxaqueños menos favorecidos.
En su intervención, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública, diputada Mónica Belén López Javier sostuvo que este decreto está alineado a los principios de austeridad republicana, así como al empleo responsable y eficiente de los recursos públicos.
“Esta situación ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales superior a dos mil 24 millones 644 mil 976 de pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal comprometiendo severamente las finanzas públicas”, explicó la legisladora.
Detalló que el aumento indiscriminado en la expedición de nombramientos de base generó un agujero enorme en el presupuesto público impactando de manera directa en el futuro de los fondos de pensiones de las personas jubiladas, pensionadas y pensionistas o de aquellos próximos a jubilarse; además de contravenir la disciplina financiera que la administración pública debe observar bajo los principios y disposiciones de responsabilidad hacendaria.
Es de destacar que el dictamen con proyecto de decreto precisa el listado remitido al Poder Legislativo con las plazas que se suprimen; asimismo contempla que las y los trabajadores a quienes se les aplique dicha medida tienen derecho a recibir la indemnización de ley correspondiente.
