Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 14 de diciembre de 2024.- La familia de Claudia Uruchurtu calificó como un acto de impunidad desde el Poder Judicial la libertad decretada para Lizbeth Victoria Huerta, acusada de desaparición forzada de la activista.
“Después de casi 4 años de luchar por alcanzar la justicia por la desaparición de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz, hoy 13 de diciembre de 2024, al notificarnos la resolución de segunda instancia dentro de la causa penal 203/2021, nos damos cuenta que esto no es posible en un Estado como Oaxaca y en un país como México”, expusieron en un comunicado.
Agregaron:
“Amamos nuestro país de origen, quisimos creer que los Tribunales podían ser imparciales y garantizar su independencia del Poder Ejecutivo, y hoy nos damos cuenta que sólo fue un ideal y no una realidad.
“Hoy 13 de diciembre del 2024, será una fecha simbólica de cómo en Oaxaca la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, han decidido modificar a modo la sentencia dictada en contra de Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, para facilitar su libertad y tender un manto de impunidad por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”.
Expusieron que sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia, pesará esta decisión, “que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre
la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada”.
Añadieron que no se puede esperar menos de la magistrada que meses atrás era parte de la Consejería y de un magistrado que dice que cuenta con perspectiva de género, perspectiva pluralista y que busca ser premiado con un cargo de ministro.
“Es muy lamentable que la administración de justicia esté en manos de estas personas, y de Berenice Ramírez Jiménez, una presidenta que dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el poder judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada”.
Aseguraron que dicha determinación no detendrá la exigencia de la familia a favor de la verdad, justicia y reparación; “seguiremos luchando para
acceder a la justicia”.
