Isidoro Yescas*
Un gobierno que se asume de izquierda debería tener como principio básico no atentar contra los derechos laborales de los trabajadores. Y sin embargo, en Oaxaca eso está ocurriendo con los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado agrupados en el STPEIDCEO, a quienes primero, el Poder Ejecutivo dividió para confrontarlos en la renovación de su Comité Ejecutivo.
Y luego, casi en sintonía en tiempos y propósitos, la LXVI legislatura revocó 1344 plazas asignadas, en su mayor parte, a un número igual de hombres y mujeres durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016, PRD-PAN) y Alejandro Murat ( 2016-2022, PRI), hoy senador por Morena.
Una sola ruta, en doble carril primaveral, con una sola meta: desarticular el control político ejercida por Juan Rafael Rosas desde el 2012 (ver “STEPEIDCEO: lo que está en juego”, en “Noticias”, 9-XII-2024) que, además, es afín al muratismo.
Estamos así ante una nueva expresión de la ríspida disputa política escenificada desde el 2021 entre el caciquismo muratista y la compacta zapotecracia primaveral que, además, se dirime igual en los espacios públicos y privados de Morena, pues, como se sabe, los exgobernadores José y Alejandro Murat ya forman parte de una corriente más del morenismo.
Tampoco resulta fortuito que el Gobierno del Estado hubiese iniciado su cacería de “amigos, familiares, novios, novias, esposas o esposas” (sic), a partir del año 2012, pues también el exgobernador Gabino Cué pasó de aliado a adversario político del gobierno en turno.
Antes de Cué, quien gobernó Oaxaca bajo las siglas del PRI fue Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) a quien no lo han tocado ni con el pétalo de una marchita flor primaveral.
Y en toda esta trama de ajustes de cuentas políticos ,dos exsecretarios de administración, Alberto Vargas Varela y Germán Espinoza, ya fueron señalados por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado como parte de los grandes negocios que se tejieron con la venta de plazas sindicales. Y van por ellos.
Así las cosas, en estricto sentido la responsabilidad de la sangría causada a las finanzas del gobierno estatal, y que estima entre 500 y 600 millones anuales, no es de los trabajadores y trabajadoras contratados, presumiblemente en forma irregular, sino de los líderes y ex líderes sindicales, intermediarios y exfuncionarios (as) de pasadas administraciones que le pusieron precio a sus favores, gestiones y firmas.
Dicho sea de paso, este tipo de irregularidades han persistido a la fecha, sobre todo en la contratación de personal de confianza, en su mayoría familiares y recomendados de secretarios y legisladores morenistas.
Y si de irregularidades y violaciones a la ley se trata, debe subrayarse que el buen juez por su casa empieza y no es el caso de los diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias que aprobaron el decreto que revoca las 1344 plazas y que, a decir de los expertos en derecho laboral, no solamente es inconstitucional sino violatorio de los derechos laborales y humanos de los trabajadores que puede ser frenado mediante un amparo.
Sin embargo, con independencia de la ruta jurídica que sigan los propios afectados y afectadas y, tal vez, la propia dirigencia sindical que al calor de la contienda electoral se prestó a hacerle el juego a la patronal, todo parece indicar que será mediante la movilización gremial y el apoyo que puedan atraer de otras expresiones sindicales y organizaciones políticas y sociales de la entidad como el STEPEIDCEO podría dejar sin efecto este despido masivo, sin precedentes en la historia de Oaxaca.
Sin embargo, todavía está por verse que ocurrirá en lo que resta de diciembre y el mes de enero del 2025 tanto en la ofensiva que instrumente el Gobierno del Estado para aplastar la resistencia de los trabajadores como en el relevo del Comité Ejecutivo del sindicato, pues aunque ya finalmente la Comisión Electoral reconoció el triunfo de la Planilla Rosa, estaría pendiente la toma de nota en donde el Centro de Conciliación Laboral, que depende de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, jugará un papel decisivo en sentido afirmativo o negativo.
Por lo pronto, la respuesta contundente de la base sindical ya está a la vista: un plantón masivo e indefinido frente al Palacio de Gobierno y la suspensión de labores en todas las oficinas gubernamentales.
*Maestro en Sociologia.
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