Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 23 de diciembre de 2024.- Prometió darle un mayor enfoque de género y alta prioridad a los casos de violencia en contra de las mujeres, así como aplicar justicia sin compromisos. Sin embargo, a punto de cumplir un año en el cargo, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez ha hecho exactamente lo contrario.
En menos de 12 meses, el Poder Judicial de Oaxaca ha perdido su prestigio y seriedad no solamente en sus resoluciones, sino en la representación autónoma que tiene, pues parece más un apéndice del Poder Ejecutivo.
Las recientes denuncias, como no ocurría desde hace años atrás, de los trabajadores de confianza por la falta de pago de prestaciones, y el probable desvío de fondos, aceleraron el conflicto en dicho órgano, han terminado por evidenciar los múltiples errores cometidos a lo largo del año.
Y una pésima comunicación ha contribuido a llevar por los suelos el prestigio de esa institución, antaño apolítica y seria.
GRAN RESPALDO
Fue el 3 de enero de este año en que el pleno del Poder Judicial tomó protesta a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez como presidenta del órgano, lo que lo convirtió en la primera mujer en el cargo y en consecuencia hizo historia en la entidad.
“En este proyecto hay cabida para todas las voces y asegura que el Tribunal Superior de Justicia siga siendo autónomo e independiente como la democracia constitucional exige”.
“Hoy las mujeres en el ámbito jurisdiccional somos valiosas porque hacemos que nuestra presencia no solo sea un discurso sino una realidad que nos recuerda seguir trabajando en este periodo por la igualdad, la inclusión y no discriminación, este es un compromiso, juzgar con estas directrices que den luz a las nuevas generaciones”, puntualizó en su mensaje de ese entonces.
Según el currículum que se dio a conocer, Ramírez Jiménez es egresada de la UABJO, cuenta con maestría en Derecho Procesal Constitucional y se desempeñaba como presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ha ocupado cargos en el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Defensoría Pública Federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y el Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, su designación no estuvo exenta de polémica, pues con mucha antelación a su nombramiento, ya había señalamientos de su corta carrera judicial y de la probable recomendación de su esposo, Juvenal Carbajal Díaz, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cercano a la también polémica magistrada Yasmin Esquivel.
Y precisamente para allanar su postulación, o imposición, el 12 de diciembre de 2023, con 38 votos a favor, la 65 Legislatura aprobó la reforma al artículo 103 de la Constitución loca, para eliminar el requisito de integrar como mínimo durante tres años, una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de poder ocupar la Presidencia del Poder Judicial de Oaxaca.
Asimismo, se avaló que debe respetarse el principio de alternancia de género, para que una magistrada mujer pueda asumir la presidencia del Poder Judicial.
Por supuesto, hubo exaltaciones en todos los sectores políticos y gubernamentales por la designación de una mujer en el cargo.
GRAN DECEPCIÓN
Sin embargo, no tuvieron que pasar muchos meses para que se mostrara la inexperiencia y las resoluciones a conveniencia del Poder Judicial, en su supuesta nueva etapa.
La Alianza de Pueblos por la Justicia Social, que congrega a al menos cinco organizaciones sociales, en diversas ocasiones ha protestado por la nula eficacia y probables favoritismos.
Lo mismo ha hecho en casos de feminicidio que arropa y que, según han denunciado públicamente, no tienen el respaldo institucional y mucho menos se da prioridad a las mujeres.
También en diversas ocasiones el colectivo “Violencia por ser mujer”, que protagonizó al menos tres protestas públicas por casos irresueltos, ha denunciado anomalías.
En un año, ni siquiera hay proyecto para obras o rehabilitación de espacios, que tanto hacen falta en la institución. Su antecesor, Eduardo Pinacho Sánchez, logró consolidar diversas obras, entre ellas la conclusión de sedes judiciales.
De los más recientes casos, fue polémica también la resolución judicial del 13 de diciembre pasado, en que le quita meses a la sentencia de Lizbeth Victoria Huerta, por lo cual pudo salir libre.
“…contra ella (Claudia Uruchurtu) se cometió un crimen de lesa humanidad, mismo que ha sido perfeccionado por Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que emitieron la resolución al recurso de apelación JOTPAS/001/2023. Cómo se llama a todo esto: la justicia sí tiene precio”, escribió la periodista Soledad Jarquín Edgar, víctima también de la ineficacia del Poder Judicial.
También la activista feminista, se ha quejado reiteradamente del Poder Judicial, de la titular actual y de los anteriores, ante la impunidad para el esclarecimiento del asesinato de su hija.
Asimismo, ha denunciado las irregularidades en el caso María Elena R. O.-Juan Antonio V. C.
El año de quejas lo cerraron trabajadores de confianza del órgano, que el día martes 17 de diciembre protestaron, como no sucedía antaño, para exigir el pago de sus prestaciones de fin de año; retiraron su protesta con la promesa de que se les restituiría el pago.
Pero, con desatino, dos días después, el Poder Judicial emitió un comunicado en que afirma que se realizaban las gestiones para cubrir y regularizar las “prestaciones extraordinarias solicitadas por el personal”.
A lo cual reviraron los empleados de confianza con otro comunicado, emitido este sábado, en que reprocharon que aún no recibían los pagos y de ninguna manera se trataba de asuntos extraordinarios, sino apoyos que han recibido años atrás.
Por cierto, en el marco de esta última problemática, surgieron versiones de los propios trabajadores de que se habrían desviado fondos de la administración de justicia y por eso no había dinero.
Incluso lo reforzaron en su comunicado: “Las gestiones que realizó fueron para recuperar lo tomado indebidamente por su administración. Seguimos en lucha y no vamos a permitir que se violenten nuestros derechos o que expongan versiones falsas para cubrir sus malos manejos”, le dijeron a la magistrada.
¿GRAN SALIDA?
Quizá consciente de su paso gris por el Poder Judicial del estado de Oaxaca, la magistrada presidenta Berenice Ramírez entró a concursar por una plaza en el Poder Judicial de la Federación, tras las reformas a dicha institución.
Pasó ya a la segunda fase y de continuar en el proceso, podría alcanzar un puesto… sólo le faltaría el voto popular que contempla dicha institución.
Por cierto, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han reiterado que los nuevos ministros y jueces deberán salir “del pueblo” y luego ser de “territorio”, es decir, recorrer las entidades del país.
Lo que se le dificultaría a Ramírez Jiménez, pues en un año prácticamente no ha recorrido el estado ni las principales sedes regionales del Poder Judicial.
La magistrada fue electa por cuatro años, pero dejaría el cargo antes del plazo, en caso de lograr un puesto federal, lo que reflejaría un fracaso en su gestión estatal.
De quedarse en el puesto, tendría que evaluar su desempeño y reconsiderar actitudes y decisiones para, ahora sí, promover y concretar una justicia con enfoque de género… y alejada de las decisiones gubernamentales.
