Isidoro Yescas*
Aunque ya desde los tiempos del priato la división de poderes era mera simulación, se respetaban formas y procedimientos administrativos y legales para que todas las iniciativas, caprichos o arrebatos de los gobernadores en turno salieron adelante.
Hoy, en cambio, bajo el mismo esquema de subordinación de los poderes Legislativo y Judicial, al jefe del Poder Ejecutivo en Oaxaca ya se transitó de la simulación al nulo respeto a la división de poderes para configurar así una autocracia que usa indistintamente a la Cámara de Diputados y al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para imponer sus decisiones.
Eso fue lo que ocurrió con el decreto emitido por la 66 legislatura para borrar de la nómina del Gobierno del Estado a 1,344 trabajadores sindicalizados, y para que el Tribunal modificara la sentencia por desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu y así lograr la libertad de la expresidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, encarcelada en el año 2021 por dicho delito.
En el primer caso, y pese a la inconstitucionalidad del decretazo del Congreso local, el Gobierno del Estado pudo, después de algunos días de movilizaciones de las bases sindicalizadas, mantener vigente el decreto y desactivar la revuelta de la base trabajadora del STEIPDECEO a cambio de depurar la lista de trabajadores cesados(as) y ofrecer una revisión caso por caso, apoyándose para esto último en la dirigencia sindical, a quien ya había usado para dividir al gremio burocrático en la pasada contienda electoral.
Ya desmovilizada la base, conjurado el riesgo de la integración de un frente amplio antigubernamental y con el período vacacional encima, el Comité Ejecutivo presidido por Pedro Castillejos pasó de ser la cabeza visible de las airadas protestas y movilizaciones para rechazar el despido masivo, a instrumento de la zapotecracia primaveral para depurar a modo la lista de los 1,344 (en donde, por cierto, suman cientos los aviadores y recomendados de políticos del PRI, PT y Morena) mediante la presentación y firma de un formato en donde literalmente se asienta: “que bajo protesta de decir verdad manifiesto que no he presentado ninguna demanda de amparo…ante los Juzgados Federales del Estado de Oaxaca en contra del DECRETO NÚMERO 24…”(mayúsculas en el original).
Y al final ésta advertencia: “Hago esta declaración con el pleno conocimiento de que la promoción de un doble amparo está prohibida por la Ley de Amparo y podría constituir un delito…”.
Sin embargo, más que el amparo (que se presume se estaría promoviendo ante juzgados estatales), la vía más corta y eficaz hubiese sido la lucha por la derogación del decreto de marras que, mientras siga vigente, seguirá pendiendo como una espada de Damocles sobre los(as) trabajadores despedidos.
No menos grave resultó la liberación de la expresidente municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, luego que los integrantes de la Sala de Justicia Indígena del TSJO presidida por la magistrada Margarita Gopar Pérez la exculparan del delito de desaparición forzada porque el ministerio público “no aportó pruebas de gravedad” reduciendo así su sentencia y logrando su inmediata libertad.
La respuesta casi inmediata para condenar esta chicanada urdida desde el Poder Ejecutivo provino de un destacado defensor de los derechos humanos y cuadro destacado de Morena, Alejandro Encinas, quien en su cuenta de X calificó este hecho como indignante para luego denunciar que la libertad de Victoria Huerta se obtuvo “por vínculos políticos” otorgándole así impunidad.
En comentarios publicados en redes sociales y algunos medios nacionales hubo coincidencia en señalar que esos vínculos políticos a los que Encinas aludió se referían a la amistad y complicidades ya existentes entre la exedil de Nochixtlán y el gobernador Salomón Jara.
Diciembre del 2024 cerró así con dos hechos que, sumados a otros más ocurridos durante el año y en este mismo mes, como recortar el aguinaldo a trabajadores y magistrados(as) del Poder Judicial, revelan un ejercicio de gobierno autocrático, cada vez mas lejano a los principios y ética política de la izquierda y la 4T y más identificado a los malos gobiernos priístas que tuvo Oaxaca antes de la segunda alternancia en el poder ejecutivo.
P.D. A lectores y lectoras los abrazos que alcancen y que la magia de la Navidad sea pretexto para renovar esperanzas y hacer de la amistad, el amor al prójimo y la justicia un valor permanente.