Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 19 de febrero de 2025.- El pleno del Congreso del Estado aprobó ayer un Punto de Acuerdo propuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo, por el que se exhorta a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública indague la situación de un decreto firmado en el sexenio anterior para cubrir deudas al ISSSTE y que se presume no se realizó.
La propuesta fue avalada con 37 votos de los asistentes, incluido de las fracciones de oposición, como el PRI, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
«Oaxaca no puede seguir permitiendo que los recursos destinados a la seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores sean administrados de manera opaca y discrecional”, destacó el coordinador de la bancada de Morena.
En su planteamiento expuso que, en caso de encontrar irregularidades, la Secretaría de Honestidad inicie los procedimientos administrativos y legales contra quienes resulten responsables.
Se trata del Decreto 2455, del Convenio de Reconocimiento de Adeudo celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) respecto de los adeudos a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Fue firmado en marzo de 2021, sexenio del entonces priista Alejandro Murat en un intento por remediar esta situación e iniciar pagos, pero a la fecha no existen pruebas de que el Ejecutivo haya cumplido con la obligación de informar detalladamente a este Congreso sobre la situación del mismo.
Y es que existe una deuda histórica que el Gobierno del Estado de Oaxaca mantiene con el ISSSTE y que se arrastra desde el año 2008 generando un impacto financiero severo, que alcanza la cantidad de casi tres mil millones de pesos.
Viveros Montalvo mencionó que lo anterior fue a consecuencia de que, de los años 2008 al 2020, los gobiernos estatales ignoraron su obligación de pagar las cuotas y aportaciones al ISSSTE, condenando a los trabajadores a la incertidumbre.
Ello fue calificado por el también Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena como un acto de corrupción monumental, una omisión deliberada que no solo afectó las finanzas públicas, sino que pisoteó los derechos de miles de trabajadores de la administración pública estatal.
Mencionó que este adeudo no solo es una cifra en los libros contables, sino también, es el reflejo de una omisión sistemática que afecta directamente a las y los trabajadores del estado, a quienes se les ha negado el acceso a prestaciones a las que legítimamente tienen derecho.
También representa una muestra de cómo la falta de transparencia y la irresponsabilidad de la administración pasada -particularmente- puede lesionar gravemente las finanzas públicas y la confianza ciudadana en sus instituciones.
En este contexto resaltó que gracias a la política de no endeudamiento del Gobernador Salomón Jara y a la responsabilidad del pago con esta deuda, se ha podido salir adelante, empero remarcó que no serán omisos ni solaparán a quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de corregir esta deuda y no lo hicieron, porque prefirieron encubrir la corrupción y proteger a quienes se beneficiaron de este desfalco.
