Isidoro Yescas*
La primera reacción del Poder Ejecutivo fue negar la existencia del paro y que la protesta de la Policía Estatal se hubiese generado por la pretensión gubernamental de despedir a los policías que no aprobaron el examen de control de confianza.
Desde la Secretaría de Gobierno, la respuesta más fácil para intentar restarle importancia al paro y la amplia cobertura otorgada por los medios de información (y por supuesto, “La Jornada”) fue calificar a algunos de estos medios de amarillistas y subrayar que el conflicto ya se estaba atendiendo, para rematar con esta frase: “Todo lo demás es mitote” (sic).
Y antes de que este “mitote” abriera otro boquete político al gobierno primaveral, el gobernador Salomón Jara entró al quite para informar el mismo día del estallamiento del paro que al inicio de su gobierno se había incrementado el sueldo de los y las policías (de 8 mil a 13 mil pesos) para luego anunciar que se les beneficiará con el programa de construcción de viviendas que el Infonavit desarrollará en la entidad y se estaría considerando incrementar el fondo de pensiones.
Aunque el factor que detonó que la inconformidad policial fue el fundado temor a un despido masivo por la no aprobación del examen de control de confianza que a nivel nacional es un requisito indispensable para conservar el empleo, la rebelión en la granja jarista hizo visibles otras carencias e irregularidades en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del estado: equipamiento deficiente, prestaciones laborales mínimas, corrupción y todo tipo de abusos de los jefes policiacos, etc.
Concentrados en el cuartel de la SSPC los policías se mantuvieron en paro total hasta la noche del viernes 28 y lo levantaron condicionado a que en dos semanas el gobierno del estado deberá responder a su pliego petitorio que incluye demandas para mejorar sus condiciones de trabajo y en sus prestaciones médicas y de vivienda, regularizar el aumento salarial de 13 mil pesos y revisar la permanencia o remoción de altos mandos policíacos.
Sobre este último punto, lo más probable es que el hilo se rompa por lo más delgado y a la “renuncia” del Comisionado Plácido Jarquin, sigan otras de rango similar, pero difícilmente se estaría procediendo en contra del titular de la SSPC, Iván García, que se constituyó en una reclamo generalizado de los policías inconformes.
Lo anterior por dos razones: primero, porque es un nombramiento sugerido por el gobierno federal y, segundo, porque en el gobierno primaveral está muy arraigado el anacrónico “principio de autoridad” .
No lo hicieron con Donato Vargas, pese a su manchado expediente y las múltiples exigencias de organismos feministas para que fuera destituido, y en esta ocasión tampoco lo harán con un funcionario policiaco de primer nivel.
Al contrario, en estas dos semanas de pausa el gobierno del estado podría intentar dividir a los policías que se rebelaron, cooptar a otros y a los más duros los podrían despedir.
Espero equivocarme y que, en dos semanas, las respuestas que ofrezca del Gobierno del Estado a los trabajadores uniformados abran la puerta a soluciones de fondo a cada una de las demandas de quienes hoy recurrieron a una medida extrema (¿el mitote?) para ser escuchados y atendidos.
*Maestro en Sociología.
X: @YescasIsidoro
