Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de enero de 2020.- Los delitos crecen a nivel nacional, como en Oaxaca, y ninguna estrategia hasta ahora ha funcionado. Si a nivel estatal el desdén por la seguridad es común en las autoridades, a nivel nacional, domina la improvisación.
En el inicio de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la alta incidencia delictiva; son célebres sus críticas al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto por la grave violencia. Pero poco ha hecho.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cifras a noviembre del 2019 –las de diciembre se dan a conocer este lunes–, en los 11 meses del año pasado se cometieron un millón 860 mil 962 delitos en general; de ellos, 231 mil 132 delitos contra la vida y la integridad corporal.
De esta última cifra, corresponden 40 mil 663 homicidios y de los que 26 mil 959 fueron del tipo doloso; es decir, fueron asesinadas con violencia 86.6 personas diariamente.
El año 2018, la mayor parte el último de Enrique Peña Nieto, para hacer la misma comparativa, de enero a noviembre se cometieron en total un millón 775 mil 363 delitos; de ellos, para abreviar, se registraron 26 mil 623 homicidios dolosos.
Por donde quiera que se le mire, las cifras crecieron en todos los aspectos y fue también memorable la confrontación reciente que tuvo en la “mañanera” el periodista Jorge Ramos con el Presidente López Obrador respecto del crecimiento de los delitos.
¿Y QUÉ SE HACE?
Una de las estrategias desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, fue crear la Guardia Nacional, que entró en operaciones a finales de junio pasado; de esta última a más de medio año, no ha dado los resultados esperados.
En Oaxaca no existe ni la mitad de los más de seis mil elementos que se prometió habría; mucho menos tienen instalaciones propias y en su mayoría aún portan el uniforme del Ejército Mexicano y únicamente los distingue un letrero en un brazo con las siglas GN.
Otra estrategia fue crear en las entidades –como a nivel federal– los Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
El 17 de diciembre de 2018, el secretario Alfonso Durazo presentó dicha estrategia:
A los secretarios técnicos corresponde, primeramente, fungir como enlace de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con las mesas estatales y regionales de seguridad y con los delegados estatales, con los que habrán de llevar una estrecha y armoniosa relación.
Apoyar a las y los gobernadores en los asuntos referentes a las coordinaciones estatal y regionales; llevar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones generados en las mesas; proporcionar informes a la secretaría, que contribuyan a la mejor toma de decisiones a nivel nacional, y contribuir en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias en sus respectivas coordinaciones.
“La consigna del presidente López Obrador es que trabajemos todos juntos para llegar a los 180 primeros días del gobierno con resultados perceptibles para la gente; que logremos, cuando menos, un punto de inflexión en los principales indicadores de inseguridad”, dijo ante representantes de todas las entidades federativas.
NULOS RESULTADOS
En el caso de Oaxaca, comenzó con traspiés, pues por esas mismas fechas se nombró –sin ninguna experiencia y más que por ser hija del senador Salomón Jara Cruz– a Bxido Jara Bolaños, que debido a las fuertes críticas de nepotismo y corrupción (al designar en un puesto relevante a alguien sin ningún conocimiento en la materia ni experiencia administrativa), fue retirada a principios de enero pasado.
Pero vino el segundo traspié: Se designó a Natalia Karina Barón Ortiz, sin ninguna experiencia también, pues toda su carrera había sido política, primero bajo las siglas del PRD y después bajo Morena, partido por el cual meses atrás aspiró a ser presidenta municipal de su segunda tierra, San Juan Bautista Tuxtepec.
La ex diputada es abogada por la UABJO; percibe actualmente, de acuerdo con la nómina federal, un sueldo bruto de 69 mil 368 pesos y un sueldo neto de 48 mil 210 pesos con 76 centavos, por asistir a una reunión mañanera de seguridad, a la que una o dos veces por semana acude el gobernador Alejandro Murat.
En realidad Karina Barón desconocía hasta su nombramiento los temas de seguridad y prevención, pues su carrera ha sido la de dirigente de la UGOCP, de 2009 a 2015; años atrás fue integrante de la Coordinación Estatal de Nueva Izquierda en Oaxaca y dos veces precandidata a legisladora. De 2015 a 2018 fue diputada federal.
“Informo a las ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca, que estoy asumiendo en estos momentos la Secretaría Técnica de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca, del Gobierno Federal. Estoy a sus órdenes, como siempre”, fue su primer tuit en el cargo, en los primeros días de enero del año pasado.
Pero eso es todo lo que ha informado, pues a la fecha se desconoce absolutamente que hace y, por supuesto, las mesas de seguridad o de coordinación no han dado ningún resultado, ni siquiera en su tierra adoptiva, Tuxtepec, donde se han cometido al menos 11 asesinatos en lo que va del año; en la región de la Cuenca, en total 19, es decir prácticamente uno diario.
Sus actividades, además del conteo de crímenes en las mesas de seguridad, se ha centrado en acudir a algunos foros, a presenciar como invitada algunas actividades de dependencias federales o estatales, como ocurrió el pasado viernes con la toma de nuevos comandantes de dos zonas militares.
En julio pasado habló de la Guardia Nacional y aseguró que a partir de esa fecha, seis mil 750 elementos de la Guardia Nacional (GN) se desplegarán en la entidad como parte de la estrategia del gobierno federal para erradicar la inseguridad y detener el flujo migratorio por Oaxaca; tampoco se ha cumplido en ello.
¿Qué hace Karina Barón? Sigue siendo el gran misterio, pues como ya se detalló en colaboraciones anteriores, las mesas de seguridad se han convertido en un informe de delitos y café con galletas.
Las estrategias que se diseñan o implementan no pasan por las manos de Karina Barón; mucho menos se le toma en cuenta para la realización o determinación de operativos específicos.
Sabe ya las zonas de alta incidencia delictiva, entre ellas la Cuenca, pero la ex dirigente campesina ahora como secretaria técnica se dedica únicamente a tomar nota de los datos y a remitirlos a la Secretaría de Seguridad Pública.
Los muy escasos operativos se operan y ordenan con excesivo sigilo, incluso entre mandos estatales y federales, debido a la desconfianza mutua y porque muchos mandos en materia de seguridad están involucrados en actividades ilícitas.
Feminicidios, asaltos bancarios, a comercios, a transeúntes; ejecuciones y demás delitos contra la vida son cotidianos. Apenas el fin de semana, durante los tres días de visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se contabilizaron al menos 14 asesinatos, entre ellos de cuatro mujeres, dos de ellas este domingo en Putla.
Las mesas de seguridad o la pomposa Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en absoluto ha marcado una estrategia ni ha innovado en prevención o cuando menos freno a los hechos delictivos.
En realidad a Karina Barón eso tampoco parece preocuparle, pues su corazón sigue latiendo de nuevo por la política, una diputación, local o federal, o cuando menos la presidencia municipal de Tuxtepec.
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