Adrián Ortiz Romero Cuevas*
La visión de la 4T respecto a los órganos constitucionalmente autónomos, es que deben desaparecer. Bajo los señalamientos de corrupción y excesos, decidieron eliminar —técnica o formalmente— a esas instituciones, que se supone que nacieron para equilibrar la división de poderes, que en México ha sido eternamente desigual entre el Ejecutivo y los otros poderes. Hoy, la mayoría están desaparecidos. Y los que no, o están domados por el régimen o sometidos a tensiones extraordinarias.
En efecto, los organismos constitucionalmente autónomos como el entonces Instituto Federal Electoral —hoy INE—, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México alcanzaron dicho rango como parte del proceso de apertura democrática que generó la elección presidencial de 1988. Carlos Salinas de Gortari llegó fuertemente cuestionado a la Presidencia y eso lo obligó a permitir los cambios que exigían las fuerzas de oposición al sistema institucional, se supone que para dar certidumbre a ciertos procesos que hasta entonces estaban en manos del gobierno.
La autonomía del órgano electoral era necesaria porque hasta entonces los comicios los organizaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, y esa era la fuente de la ilegitimidad y de la incredulidad ante los resultados electorales, que siempre le daban el gane al mismo partido.
Por su parte, la autonomía del órgano defensor de los derechos humanos era necesaria porque se necesitaba una voz independiente al régimen priista, que ventilara los excesos cometidos por servidores públicos en contra de particulares. Hasta antes de la CNDH no había ningún organismo público que hiciera eco de violaciones a derechos humanos, que iban desde la deficiente prestación de un servicio público hasta delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura, o las agresiones físicas, psicológicas o sexuales que cometían las fuerzas policiacas o militares en contra de personas que por alguna razón realizaran algún tipo de activismo en contra del gobierno.
Qué decir de la autonomía del Banco de México. Haber echado a andar la maquina impresora de dinero generó diversas crisis económicas; el haber intentado manejar la economía desde la Presidencia —como lo dijo en su momento el presidente José López Portillo—; y el no tener una política monetaria responsable fue la fuente de algunos de los problemas más dramáticos que vivieron millones de mexicanos por causa de la economía.
Ello explica, en términos muy someros, por qué se reconoció la autonomía constitucional a esos órganos. Era necesario que fueran manejados al margen de las efervescencias políticas. Luego se extendió al órgano de transparencia y acceso a la información; a las autoridades reguladoras de las reglas de competencia y de telecomunicaciones; y al INEGI como institución que mide los temas más relevantes para la nación, como el crecimiento poblacional, la economía y muchos otros temas.
Hoy la tendencia va en sentido contrario. Al INE, al INEGI y la CNDH no les retiraron la autonomía, pero hoy tienen una integración orgánica al régimen. El Banco de México sigue siendo autónomo por su importancia y lo sensible que resulta para la estabilidad económica y la confianza que genera el país para las grandes inversiones; pero en los demás casos, los órganos fueron extintos y las funciones absorbidas por el gobierno federal.
Predomina una visión de reestatización. Es la tendencia a volver a hacer fuerte al régimen y eliminar los satélites constitucionales que no se alineaban a la visión gubernamental. En el mediano plazo veremos el resultado de esas decisiones, que hoy parecen parte del día a día, pero que indudablemente resultarán trascendentes para la salud democrática del país, más allá de las efervescencias de los tiempos actuales.
*Abogado y periodista.
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