Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de junio de 2025.- Ante los recientes hechos de violencia, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó garantía plena a la vida y seguridad del pueblo de Juchitán de Zaragoza.
“Ante los hechos de violencia ocurridos recientemente en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde grupos del crimen organizado han desatado una violencia desmedida con total impunidad, manifiesta su enérgico repudio a la violencia desbordada que amenaza la integridad física y la vida en la región del Istmo”, destacó en un comunicado.
Indicó que estos actos no son aislados, pues la ola de violencia ha escalado de manera alarmante en todo el Istmo de Tehuantepec, extendiéndose también a otras regiones del estado como la Costa y los Valles Centrales, “donde incluso en días recientes se han reportado hechos similares en la Central de Abastos de la capital oaxaqueña”.
Añadió que en gran parte del estado se vive un contexto de ingobernabilidad, donde el crimen organizado ha asumido el control de calles, negocios y comunidades enteras, como lo sucedido en Juchitán, sin que hasta ahora haya una respuesta efectiva por parte de los gobiernos estatal ni federal.
“Hoy, la violencia pone en riesgo no solo a la población civil, sino también a nuestras niñas, niños, jóvenes, y trabajadores de la educación que diariamente acuden a las escuelas a cumplir con su labor educativa.
“No podemos permitir que la violencia del crimen organizado impida que la vida de la población transcurra en paz y con dignidad, bajo un clima de constante amenaza”, expuso.
Condenó los hechos violentos que consideró son por la omisión de las autoridades responsables de la seguridad pública, “que con su indiferencia han permitido el fortalecimiento del crimen organizado en la región”.
Pidió a las autoridades estatales y federales intervención responsable, inmediata y efectiva para restablecer la seguridad en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, la región del Istmo y todo el estado de Oaxaca.
“Advirtiendo que esta exigencia de seguridad y paz para el pueblo no debe ser utilizada como pretexto para imponer medidas de militarización o represión social. Nos oponemos a toda forma de presencia militar que vulnere los derechos humanos, criminalice la protesta o busque controlar a las comunidades con miedo, exigimos justicia, paz y dignidad”.
