Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 19 de junio de 2025.- A Pijy, nada le gustaría más que dejar el pasado, retomar su vida y dedicarse a lo que más le gusta. «Pero mientras la justicia no llegue», seguirá exigiendo lo que por derecho le corresponde.
A pesar de las amenazas en su contra, la joven ayuuk (mixe) advierte que no se detendrá hasta llegar al fondo del asunto y que si algo le ocurre a ella o a sus cercanos, los responsables serán su agresor, Plácido N., y la familia de este.
«Lo único que me mueve es lo que me corresponde por derecho: justicia», apuntó la joven, quien hace 12 años, fue víctima de violencia sexual por Plácido N.
Sin embargo, en este largo y complicado camino se ha encontrado con la indiferencia del Ministerio público de Matías Romero y de la revictimización. En 2022, cuando el fiscal general era Arturo Peimbert Calvo, se enteró que la pareja de su agresor, Karla N., se hizo pasar por ella para desistir de la denuncia y que este no fuera aprehendido.
«Desde el inicio me negaron el acceso a la justicia, me condenaron a soportar amenazas e intimidaciones recurrentes, a pesar de no estar en mi comunidad de origen. Vulneraron mi derecho y pusieron en peligro mi seguridad», expresó este jueves en conferencia de prensa ante las omisiones y el actuar del ministerio público de Matías Romero, en la región Istmo de Tehuantepec y adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Este 19 de junio, a casi una semana de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió a FGEO la recomendación 12/2025 sobre el caso de Pijy, y en la que determinó que «existieron graves omisiones en la actuación del personal ministerial» de Matías Romero, la joven habló nuevamente para exigir al Poder Judicial del Estado de Oaxaca la inmediata revisión de las actuaciones del juez Omar Morales Simón y una investigación profunda.
A la Fiscalía, le exigió el cumplimiento puntual de la recomendación de la Defensoría, además de la investigación, inhabilitación y destitución inmediata de los ministerios públicos Pedro Fierros Zárate y Neljer Matus García por las recientes violencias ejercidas en su contra.
Al Congreso local y al federal, la joven también les pidió legislar para que casos de suplantación de identidad como el suyo no se repitan. Y a la Defensoría, de la que reconoció su actuar, la exhortó para que sus recomendaciones alcancen al Poder Judicial, específicamente al juez Omar Morales, pues arrastra otras acusaciones como en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar.
Pijy, nombre que por seguridad ha empleado la víctima, denunció en el año 2013 a su agresor sexual. Sin embargo, desde el año 2022, cuando se enteró de que su identificación fue suplantada, tiene una triple lucha: un nuevo proceso por suplantación (del que Plácido y Karla han buscado ampararse a nivel federal), retomar el proceso por violación y las investigaciones por corrupción en contra de las autoridades involucradas.
Todo esto ha mermado su calidad de vida y por lo cual, tras la recomendación de la Defensoría, ha decidido salir para exigir justicia.
Fue en 2024 cuando la joven, con el acompañamiento del activista ayuuk Joaquín Galván, retomó el caso ante la Fiscalía, ahora bajo el mando de Bernardo Rodríguez Alamilla, quien se comprometió a seguir las investigaciones.
Así, el 31 de octubre de ese año, fueron aprehendidos Plácido N. y Karla N., por los delitos de suplantación, uso de papeles falsos y falsedad de declaraciones judiciales. En ese entonces, Plácido era presidente municipal de San Juan Mazatlán.
Sin embargo, la lucha que Pijy comenzó de la mano de Galván y de la fallecida abogada Sandra Domínguez, aguarda un complejo camino. De acuerdo con el activista Joaquín Galván, para retomar la denuncia por violación, primero se tiene que comprobar la responsabilidad de Plácido y Karla en el delito de suplantación de identidad, lo mismo que del ministerio público de Matías Romero y del juez Omar Morales Simón.
