Isidoro Yescas*
1. Si bien es cierto que los fuertes e intensos vientos y lluvias del huracán “Erick” que atravesaron las regiones de la Costa, Sierra Sur e Istmo, no se tradujeron en la pérdida de vidas humanas (con sus excepciones), los daños en las construcciones destinadas a casas-habitación, restaurantes y otros negocios familiares, así como a la infraestructura carretera, resultaron cuantiosos.
Superada la etapa crítica, lo que ahora sigue son los trabajos de reconstrucción y de apoyo económico y material a la población damnificada, tarea ya anunciada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, y a partir de otros desastres naturales ocurridos en la entidad (el huracán “Agatha”, como el referente más inmediato) será indispensable cuidar del destino y administración de todos los recursos económicos y programas sociales emergentes que fluyan del gobierno federal.
La larga e interminable historia de rapiña, fraudes y uso político y electorero de estos apoyos por parte de funcionarios municipales, estatales y federales, y no se diga de empresas privadas del ramo de la construcción, no debieran repetirse ahora.
Es importante, sin duda, que los gobiernos de todos los niveles cumplan con su deber de apoyar a la población damnificada, pero cuando quienes llaman a la solidaridad ciudadana y montan escenografías telenovelescas en comunidades damnificadas terminan por ser los mismos que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo han institucionalizado el saqueo de las arcas públicas y agraviado a la sociedad, entonces queda la duda si sus acciones son de buena voluntad o un recurso más para hacer politiquería a costa de las necesidades de la gente y de una ciudadanía colaborativa.
2. La desaparición de poderes en el municipio de usos y costumbres (SNI) de Zapotitlán de las Palmas, en la región de la Mixteca, es un claro ejemplo de esa politiquería, de abuso de poder, de cómo para deshacerse de una presidenta municipal incómoda y dejar en el aire la no entrega de 24 millones de pesos de los ramos 28 y 33 (“La Jornada”, junio 20 del 20215), el gobierno morenista primaveral, a través de esa oficialía de partes denominada Congreso local, recurrió al viejo expediente del ajuste de cuentas político para que la Secretaría de Gobierno imponga a un administrador o administradora a modo para así cargarle a la presidenta municipal Inés Martínez Reyes y su Cabildo depuesto la responsabilidad de la desaparición de los 24 millones de pesos (y de paso continuar esquilmando los recursos federales etiquetados a este municipio indígena).
3. Y a la galopante corrupción que por todos lados exhibe y exuda la estructura de poder primaveral, hay que sumar también la inseguridad y violencia, generalmente asociada al crimen organizado, que se ha agudizado en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
El fenómeno no es reciente, y viene de varios sexenios y administraciones municipales atrás, pero desde que el poder municipal se convirtió en una extensión del modus operandi de los cárteles locales, al extremo de financiar campañas electorales y participar del reparto de importantes cargos, sobre todo en el área de seguridad pública, ya la cotidianidad en los robos, secuestros y ejecuciones han colocado a este municipio como uno de los más inseguros y violentos de la región del Istmo.
Pasivos, incapaces o cómplices de esta descomposición social, la nueva clase política primaveral poco o nada había hecho para por lo menos simular que Juchitán también es Oaxaca y que vivimos en el séptimo estado más seguro del país.
Y en días recientes, tuvo que ser el gobierno federal quien volviera a voltear hacia este bello municipio zapoteco para realizar algunas detenciones de policías municipales y así evidenciar que el enemigo también está adentro….del Palacio Municipal.
*Maestro en sociología y periodista.
X: @YescasIsidoro
