Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 8 de julio de 2025.- Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca siguen enfrentando estigmas y retos para el uso medicinal de la cannabis a cuatro años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con la que se elimina la prohibición absoluta de la cannabis y se avaló la legalización del consumo de la marihuana con fines lúdicos o recreativos.
Se ha limitado el acceso a las autorizaciones sanitarias de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señala Alma Eustolia Reyes Zurita, presidenta del Centro Cultural de la Comunidades Unidas para el Uso Lúdico y Médico de la Cannabis, asociación civil.
A la fecha, la asociación ha tramitado y conseguido 168 autorizaciones sanitarias entre 2023 y 2024 para las comunidades de Sitio del Palmar, San Esteban Amatlán, La Escalera, La Chihuizo y Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Sin embargo, conseguirlas no solo implica procesos burocráticos sino gastos, pero que desde la asociación civil han procurado que el acompañamiento sea de manera gratuita.
«Las autoridades todavía se resisten un poquito a dar las autorizaciones sanitarias. Normalmente, cuando uno hace la solicitud la Cofepris tiende a negarlas, por lo cual tenemos que hacer una denuncia de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial Federal, para que ellos le den la indicación de que nos den esa autorización sanitaria», explica Alma Reyes sobre estos procesos.
A partir de esta declaratoria, la asociación civil ha trabajado con las comunidades indígenas para darles a conocer los derechos que la ley tiene a su favor, especialmente porque aún hay varias poblaciones que desconocen de la declaratoria y también porque son comunidades que han sido criminalizadas por el cultivo y consumo de la cannabis, que muchas veces es con fin medicinales.
La también activista explica que más allá de la declaratoria de inconstitucionalidad, con la que se permitió avanzar en la discusión sobre el uso de la cannabis, aún se requiere de un trabajo legislativo para regular el cultivo, comercialización y consumo de la cannabis.
«Falta legislación que nos permita todavía una mejor regulación al respecto para tener toda una trazabilidad para poder llegar a una industria».
La trazabilidad implica toda la cadena de producción y comercialización de la cannabis, en la que la o el consumidor tenga la certeza de que lo que consume es un producto confiable. «Es importante que la ley establezca cómo se va a dar esta trazabilidad y que las comunidades indígenas puedan apoyar en de proceso, al ser quienes conocen la planta», apunta la activista.