Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 23 de julio de 2025.- Tras la aprehensión de dos elementos de la policía municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco acusados de tortura, familiares de la víctima demandaron al gobierno de Oaxaca el cumplimiento de la resolución del Comité Contra la Tortura de la ONU y de la recomendación 3/2025 de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Asimismo, que se vincule a proceso a los Jorge H. S. o Jorge S. H y Melquiades A. S., en la causa penal 121/2025, y se ejecuten las siete órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes, así como se continúe la investigación a la cadena de mando de los responsables del delito tortura al que fuera sometido Ángel Daniel Bautista Vásquez.
En un comunicado, Daniel Bautista Barrios, padre del joven Ángel Daniel, y Maurilio Santiago Reyes, presidente delCentro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), exigieron justicia plena y reparación de daños.
El 18 de julio del 2025, La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión en contra de dos policías municipales de Tlaxiaco, Jorge H. S. o Jorge S. H. y Melquiades A. S. por el delito de Tortura cometido en contra de Ángel Daniel Bautista Vásquez hechos ocurridos en el año 2020.
La audiencia de imputación dio inicio el día sábado 19 de julio del 2025 y el próximo jueves 24 de julio del 2025, el Juez de Control resolverá la situación jurídica de los policías municipales, quienes se encuentran en prisión preventiva.
“En esta tesitura, las ordenes de aprensión y el cumplimiento de las mismas fueron posibles por el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021 emitido por el Comité Contra la Tortura de la ONU, decisión adoptada por el Comité con fecha 11 de abril del 2025, notificado al Estado Mexicano con fecha 7 de mayo del 2025 y por la Recomendación número 3/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de fecha 25 de marzo del 2025, remitida a las autoridades responsables.
“Ambas resoluciones coinciden que se debe de investigar, judicializar y enjuiciar a todos los posibles responsables de los hechos de Tortura que sufrió Ángel Daniel Bautista Vásquez y efectuar una reparación integral del daño; así como la obligatoriedad del Estado para adoptar medidas necesarias de garantías de no repetición y prevenir cualquier amenaza o acto de violencia a los que podrían verse expuestos la víctima y sus familiares; Así también, una disculpa pública que tendrá que ser efectuada por representantes del Estado mexicano”, destaca el comunicado.
Fue el sábado 21 de marzo del 2020, aproximadamente a las 21:45 horas cuando el joven Ángel Daniel llegaba al domicilio de sus papás ubicado en el barrio San Nicolás, rumbo a la carretera a San Juan Mixtepec en una calle que entronca a la carretera que va a cañada Alejandro, Tlaxiaco.
En el momento en que descendía de un automóvil en la puerta de la casa de sus padres, fue agredido por elementos de la policía municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca quienes iban a bordo de una patrulla, “sometiéndolo con uso excesivo de la fuerza y efectuándole varios disparos de arma de fuego, lesionándolo con una bala en la pierna izquierda, dejándolo inmóvil y sangrando, para inmediatamente abalanzarse sobre él para esposarlo y llevarlo a un terreno baldío en donde lo torturaron ocasionándole fracturas y lesiones en ambas piernas”.
El organismo expone que estos hechos sucedieron en la administración del presidente municipal Gaudencio Ortiz Cruz, del partido Morena, y que, durante su mandato en Tlaxiaco, fueron cometidas múltiples violaciones a derechos humanos hacia la ciudadanía, en su mayoría personas de comunidades indígenas.
Refiere que la resolución emitida por el Comité Contra la Tortura es la primera emitida contra autoridades del estado de Oaxaca y que en el caso de Ángel Daniel Bautista Vázquez no es el único, pues existen múltiples casos donde impera la impunidad de los órdenes de investigación y procuración de justicia para las víctimas de tortura, ya que hasta la fecha se tienen registradas del año 2011 al 2025, 921 carpetas de investigación con 1237 víctimas, sin que hasta la fecha exista una sola sentencia por el delito de tortura, a pesar de la creación de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el año 2017.
