Redacción/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 19 de agosto de 2025.- De acuerdo con documentos judiciales, Manuel Isaí A, M., hijo de la exdiputada priista por Tlacolula, Eva Méndez Luis, ha sido denunciado por incumplir el pago de pensión alimenticia durante 14 años.
En 2011, dentro del juicio de pensión alimenticia, se presentó ante el Juzgado una constancia laboral en la que se afirmaba que el demandado trabajaba como velador de una bodega, fijándosele una pensión mensual dedos mil pesos que nunca cumplió.
Este documento, expedido por un representante legal de una empresa privada, fue tomado como base para calcular la pensión.
Con el tiempo, surgieron indicios que pusieron en duda la veracidad de la información, respaldados con copia fotográfica en el expediente. A pesar de que se presentaron ante el Juzgado Familiar pruebas fotográficas que mostraban al demandado realizando actividades partidistas para el PRI y viajando al extranjero, dichas evidencias no fueron tomadas en cuenta.
Durante una audiencia, la denunciante afirma que fue presionada y amenazada para firmar un acuerdo de pensión de dos mil pesos mensuales, monto que nunca fue pagado en estos 14 años.
A pesar de que el Juzgado cuenta con evidencia obtenida de sus redes sociales, donde se exhiben viajes a más de diez países en el extranjero, estudios de maestría en el Tecnológico de Monterrey y fotografías junto al director de dicha maestría, dichas pruebas tampoco fueron valoradas, a pesar de mostrar un nivel de vida incompatible con la supuesta precariedad económica alegada por el demandado.
En el expediente también consta que el 6 de noviembre de 2012, el médico José Fabián Hernández Díaz expidió una constancia médica a nombre de Arellano Méndez, diagnosticando crisis hipertensiva y prescribiendo “reposo absoluto por quince días”.
Este justificante fue presentado justo un día antes de la audiencia del 7 de noviembre de 2012, evitando la comparecencia del demandado.
El 13 de agosto de 2022, el nombre de Manuel Isaí fue publicado en la página oficial de Deudores Alimentarios del Estado de Oaxaca, con base en documentos de su expediente judicial.
Pese a ello, continuó evadiendo sus obligaciones, presentando durante años justificantes médicos para no acudir a audiencias.
Tras divorciarse de su segunda pareja, con quien tuvo una hija, ésta también promovió una demanda de pensión alimenticia.
Actualmente, el demandado busca anular ambas pensiones —la correspondiente a su primer hijo y la de su segunda hija— alegando una discapacidad física derivada de un aneurisma ocurrido hace aproximadamente un año.
Sin embargo, testigos afirman que ha sido visto conduciendo su camioneta Tacoma gris, transitando por la ciudad y acudiendo personalmente al Juzgado Familiar, lo que ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de su alegato médico.
El caso, judicializado tanto en el Juzgado Familiar como en la Fiscalía General del Estado, refleja —según organizaciones y madres afectadas— un patrón de manipulación del sistema judicial que enfrentan múltiples familias en Oaxaca, en donde el uso de certificados médicos y documentos presuntamente irregulares ha servido para retrasar o evadir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en perjuicio de menores.
Desde hace meses, además, su nombre figura oficialmente en el Padrón de Deudores Alimentarios del Registro Civil de Oaxaca, sumándose a la exhibición pública en la página oficial de deudores del Estado.
Organizaciones y madres afectadas esperan que la justicia actúe de manera efectiva y no permita que este caso siga siendo un ejemplo de cómo algunos logran burlar la ley en perjuicio de los derechos de sus hijos.
Mientras tanto, Manuel Isaí A. M. busca ampararse y presentar nueva documentación médica ante la Fiscalía.
El historial de maniobras y justificaciones presentadas en el pasado hace temer que, de repetirse esta estrategia, se prolongue la impunidad que ha sostenido durante 14 años, manipulando al sistema judicial para evadir sus responsabilidades.
Organizaciones y familias afectadas confían en que, esta vez, prevalezca la justicia y se garantice el interés superior de la niñez.
