Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 6 de septiembre de 2025.- Las leyes han sido empleadas por la clase política de México para censurar y limitar la libertad de expresión de periodistas y otras personas, especialmente en los últimos años, señala un informe de la organización Artículo 19.
Oaxaca es uno de los 17 estados en los que se han registrado tres de los 51 casos de acoso judicial entre enero y julio de este año, como refiere el informe «Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México».
Los 51 casos son más del doble que los reportados en el 2024 y que los del 2023. Incluso superan a los de 2021, cuando se había presentado la cifra más alta de la última década (40).
«En México, en esta última década, la utilización de procesos judiciales contra la prensa ya se ha convertido en una tendencia común», reporta la organización en el documento publicado el pasado mes de agosto. Además de mencionar que «de todos los procesos documentados, 25 fueron acusando a la prensa de Violencia Política en Razón de Género (VPEG). Es decir, prácticamente uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se iniciaron abusando de la normativa de VPEG», un mecanismo creado para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.
Entre los 32 estados del país, en 17 se ha presentado al menos un caso de acoso contra periodistas o medios de comunicación, lo que significa que en más del 53% de las entidades federativas se tiene este problema en lo que va del año. Pero también «demuestra que no son algunas personas quienes están abusando del sistema, sino que es una práctica reiterada en el territorio nacional», advierte la organización que promueve y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el informe, los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9), y Jalisco (6). A estos les siguen Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno.
De los casos documentados, la organización detalla que 23 (45.10%) fueron iniciados por personas funcionarias públicas (varias de ellas en proceso reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo), seguido de 18 particulares (35.29%), y con 10 procesos (19.61%) iniciados directamente por partidos políticos y candidaturas (sin un puesto como persona funcionaria al momento de la agresión.
Uno de los primeros casos del año que cita la organización es el del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien llamó a los periodistas como “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”, lo que estigmatiza a la prensa y cataloga su actuar como una agresión hacia su gobierno, explica Artículo 19.
En cuanto al abuso de la normativa sobre Violencia Política en Razón de Género (VPEG), Artículo 19 detalla que esta no solamente se emplea en contra de periodistas sino de la ciudadanía que usa las redes sociales. «Tal es el caso de Sonora, donde la ciudadana
Karla Estrella fue sancionada por el INE y el TEPJF luego de publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo beneficiando a la diputada Diana Karina Barreras. Como consecuencia, ella interpuso una denuncia por VPEG, y Karla fue multada, obligada a disculparse por treinta días en sus redes sociales, debió tomar un curso sobre violencia de género y además fue registrada como violentadora e infractora en el sistema electoral».
