Isidoro Yescas*
La desaparición del SUNEO y los decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo estatal para romper con la estructura centralizada de las universidades regionales mediante un paquete de decretos (publicados el 29 de agosto en el Periódico Oficial) es apenas el inicio de un proceso de captura político-administrativa, disfrazada de descentralización, de un sistema de educación superior de muy alto nivel que por más de 30 años lo sostuvo su fundador y rector vitalicio Modesto Seara Vásquez.
Tal como lo escribí en agosto del 2022, cuando Seara Vásquez puso punto final a su largo rectorado, las universidades agrupadas en el SUNEO (una entelequia sin fundamento legal), las 10 universidades regionales creadas en la década de los noventas muy pronto se convirtieron en un referente de excelencia académica a nivel nacional e internacional, “no así en lo que hace a su legislación y estructura de gobierno, caracterizado por un control vertical, unipersonal y autoritario” ( SUNEO: fortalezas y debilidades”, en “Noticias”, agosto 29 del 2022).
Aunque desde el inicio del gobierno jarista hubo señales de tomar el control de estas universidades, voces sensatas dentro del gabinete jarista aconsejaron esperar mejores tiempos que, por lo visto, ya llegaron pues a punto de cerrar el primer tramo del sexenio se vino el albazo desde el Palacio Primaveral .
Aunque es un paquete de decretos, uno para cada universidad, el contenido, formato y fecha de publicación en el Periódico Oficial es el mismo: 29 de agosto, aún cuando se difundió hasta una semana después, cuando ya se había operado la renuncia de la rectora Ángeles Peralta Arias.
Tomados por sorpresa, hasta ahora solamente los trabajadores (as) de la Universidad de la Sierra Sur (Unsis) han reaccionado a los decretazos al advertir sobre los riesgos que corren en su estabilidad laboral, pero también sobre el nuevo modelo de administración y toma de decisiones, igual de centralizado que el que estaba vigente, igual de antidemocrático, pues para nada fue consultada la comunidad universitaria, pero eso sí, con nuevos actores que poco tienen que ver con un proyecto académico alterno al vigente: cada rector o rectora será designado ( y removido) por el gobernador del estado y la máxima autoridad en materia académica, administrativa y laboral será una Junta de Gobierno integrada en forma apabullante por titulares de la administración pública estatal del área educativa y administrativa, para así sustituir al Consejo Académico, una figura colegiada en la que descansó el éxito del modelo searista.
El golpe ya está dado y, de acuerdo a lo establecido en los decretos, en un plazo no mayor a tres meses la Junta de Gobierno deberá aprobar una nueva estructura orgánica de las 10 universidades regionales, que podría implicar despidos masivos, por un lado, y contratación de nuevo personal, por el otro.
Todo lo anterior, si antes del vencimiento de ese plazo, estudiantes, planta docente y personal administrativo no se movilizan para impedir que una improvisada burocracia identificada con el gobierno primaveral tome el control de un espacio eminentemente académico para convertirlo en un coto de poder político- partidista.
*Maestro en Sociología y periodista.
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