Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2025.- Durante casi cuatro años, cada lunes sin falta, dos millones de pesos en efectivo llegaban a la puerta de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, cuando era secretario de Seguridad Pública en Tabasco, según revelaciones de un testigo protegido.
De acuerdo con el expediente del caso, de febrero de 2020 a enero de 2024, bajo las gubernaturas de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino, la organización criminal “La Barredora” reunió semana tras semana el botín de narcomenudeo, huachicol de gas LP y extorsiones.
La estimación es de un monto aproximado de 416 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los operadores —Gabriel Gómez Vázquez “Indeco”, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo, alias “Prada o Chichirria”, entre otros— concentraban el dinero en distintos puntos del estado, lo empaquetaban en fajos y lo trasladaban bajo resguardo de policías estatales.
El recorrido terminaba siempre en el mismo lugar: el domicilio particular de Bermúdez, en el fraccionamiento Campestre de Villahermosa, donde el entonces secretario de Seguridad de Tabasco recibía personalmente los paquetes millonarios.
El relato proviene de C.T.D.R., exintegrante de “La Barredora” convertido en testigo protegido.
Su declaración, respaldada por informes de la Guardia Nacional, notas periodísticas y registros administrativos, dibuja un mapa minucioso de la red que operaba en Tabasco:
Narcotráfico
Robo y venta de gas LP
Extorsiones
Tráfico de indocumentados
Control de bares.
Todo, asegura, con la anuencia del entonces titular de la Secretaría de Seguridad estatal.
¿DE DÓNDE SALÍA?
El expediente de la FGR da especial relevancia a la cadena de dinero que alimentaba a la organización, detallando con nombres y funciones cada eslabón:
Gabriel Gómez Vázquez “Indeco”: dominaba el narcomenudeo en Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana y Jalapa, moviendo marihuana, cocaína y cristal por toneladas.
Ulises Pinto Madera: pieza clave en el robo y venta de gas LP, con poder para designar policías estatales a la medida de la red, además de controlar bares que generaban ganancias extras.
Daniel Hernández Montejo -“Chichirria”-: jefe del brazo armado y operador de la distribución de droga en otros municipios.
Deyli Jiménez Peralta, “Richon” y Oswaldo Velázquez Aguilar , alias “Baldo”, encargados de cobros, transporte de efectivo, extorsiones, préstamos usureros y logística para el huachicol.
Cobro en campo: cada actividad —ventas de droga, extorsiones, huachicol— aportaba semanalmente a la bolsa común.
¿QUIÉN ENTREGABA?
La indagatoria señala que los operadores reunían las ganancias y las entregaban a Ulises Pinto Madera y al testigo C.T.D.R.
El dinero se movía en efectivo, protegido por policías estatales seleccionados por la propia red.
Cada lunes, los paquetes con dos millones de pesos llegaban sin falla al domicilio particular de Hernán Bermúdez Requena, en el fraccionamiento Campestre de Villahermosa.
El exsecretario, de acuerdo con el testigo, recibía personalmente el efectivo.
El expediente subraya que este flujo económico no era un acto aislado, sino un sistema sostenido durante años y respaldado por el poder de mando de Bermúdez.
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL
Para sostener el negocio, Ulises Pinto Madera seleccionaba policías de la Secretaría de Seguridad estatal que actuaban como escoltas de las operaciones criminales.
Entre ellos, Deyli Jiménez Peralta, encargado de mover dinero, cobrar piso y extorsionar.
Otros colaboradores eran “Richon”, dedicado a los préstamos extorsivos, y Oswaldo Velázquez Aguilar “Baldo”, responsable de robar gas LP y cobrar a trabajadoras sexuales.
Incluso un fiscal especializado en narcomenudeo, identificado como Calixto, recibía un pago semanal para garantizar que, en caso de detenciones, los integrantes de la organización enfrentaran cargos menores o quedaran libres.
Los informes incluidos en el expediente confirman que, de febrero de 2020 a enero de 2024, el esquema de pagos nunca se interrumpió.
La FGR sostiene que esta ruta del dinero, con entregas puntuales, intermediarios identificados y protección de agentes estatales, prueba la delincuencia organizada al más alto nivel del aparato de seguridad de Tabasco.
Por ello, solicitó que la causa se juzgue en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, argumentando que en Tabasco no existen condiciones de seguridad para procesar a los implicados.
(Información de “Político.Mx”)
