Redacción/Zona Roja Cdmx.
(Información de “La Silla Rota”)
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2025.- La libertad de prensa en las Américas atraviesa un período de deterioro acelerado y una escalada de presiones contra el ejercicio periodístico, según el informe presentado por Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), esto durante la 81 Asamblea General. La SIP subraya que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia.
El panorama regional muestra que, a pesar de los marcos constitucionales protectores en varios países, la práctica diaria del periodismo está siendo socavada por diversas formas de agresión. Estas agresiones abarcan desde el hostigamiento oficial y la estigmatización desde el poder, hasta el uso estratégico del acoso judicial, violencia, impunidad, desplazamiento forzado, presión económica, manipulación de la publicidad estatal y censura digital.
El uso de discursos descalificadores y estigmatizantes por parte de funcionarios de alto nivel, incluidos presidentes, se ha consolidado como un riesgo estructural para los comunicadores.
En Argentina, el presidente Javier Milei ha centrado una estrategia de descalificación contra periodistas y medios críticos, al punto de que la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” se ha convertido en un eslogan reiterado por el mandatario y sus seguidores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, profiere discursos de estigmatización, señalando a periodistas y medios, sin pruebas, de ser parte de entramados ilegales.
En Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado ataques retóricos y directos, llegando a equiparar a periodistas con terroristas.
Funcionarios en Ecuador han utilizado canales oficiales para atacar a la prensa, llegando a tildar a comunicadores de “terroristas”.
Este hostigamiento se amplifica a través del acoso digital, donde operadores asociados al oficialismo o altos funcionarios amplifican el discurso oficial y atacan voces críticas, una práctica reportada en Colombia, Argentina y Costa Rica.
La violencia contra la prensa abarca desde amenazas y agresiones hasta asesinatos, siendo una preocupación central en el continente.
¿En dónde ha crecido la presión? En proporción, la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú. El país andino registró uno de los peores años en las últimas décadas, con el asesinato de dos periodistas. Un caso grave de incitación a la violencia se dio cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo públicamente: «hay que cargarse a Gorriti», director de IDL Reporteros.
DESPLAZAMIENTO Y CONTROL
La crisis ha provocado el desplazamiento forzado de periodistas, un fenómeno preocupante. El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de más de 40 comunicadores y salas de redacción , siguiendo el patrón ya visto en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
El descontrol y la violencia desbordada en Haití hacen prácticamente imposible el trabajo periodístico, obligando a los comunicadores a desplazarse con protección armada o en vehículos blindados, e incluso a evacuar y ver saqueadas sus sedes. En Honduras, la labor se vio afectada por acciones directas de las Fuerzas Armadas que configuran un patrón de intimidación.
En varios países, la libertad de expresión está prácticamente desmantelada:
Venezuela mantiene un bloqueo total al internet, afectando a más de ochenta páginas digitales de noticias, con 18 periodistas y trabajadores de medios encarcelados.
En Nicaragua, el régimen reforzó el control informativo y la presencia física del periodismo independiente ha sido casi desmantelada.
En Cuba, el periodismo independiente opera bajo una continua represión política e hipervigilancia, y el Estado bloquea las webs de decenas de medios.
ACOSO Y CENSURA
El acoso judicial se ha consolidado como un mecanismo de censura y una amenaza sistemática. En México, se emplean figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. En Panamá, un incremento notable de demandas judiciales permite el secuestro de bienes al inicio del proceso, arriesgando la viabilidad financiera de los medios. En Perú, el Congreso intentó imponer «mordazas» mediante leyes, y el Ministerio Público sigue exigiendo a los periodistas que revelen sus fuentes. En Argentina, el aumento de demandas por calumnias e injurias, presentadas incluso por el presidente, genera un efecto inhibitorio (autocensura).
La censura digital avanza. En Ecuador, se registraron ataques coordinados que eliminaron contenidos críticos bajo pretexto de derechos de autor. El informe presentado destaca que el bloqueo al ejercicio periodístico libre en Estados Unidos es preocupante, incluyendo el condicionamiento de visas a corresponsales y la revisión previa de publicaciones exigida por el Pentágono, con el riesgo de convertirse en ejemplo para gobernantes autoritarios.
La SIP concluye que el efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de los periodistas y los medios de comunicación, urgiendo a nuevas estrategias de defensa legal ante el uso del aparato jurídico como arma de censura.
“Desde la SIP seguiremos denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa”, puntualiza Martha Ramos.
