Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 29 de octubre de 2025.- El juzgado onceavo de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, admitió el amparo 1262/2025 que interpuso el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencias federales a la que acusan por falta de respuestas a sus peticiones de información y de falta de consulta y de transparencia en el proyecto de la presa “Margarita Maza”.
El recurso fue presentado por el observatorio el pasado 13 de octubre y admitido un día después. Se deriva de la consulta realizada por 73 ciudadanas y ciudadanos a la Semarnat respecto al proyecto y la manifestación de impacto ambiental.
Ariel Morales Reyes, abogado que elaboró el amparo y acompaña el recurso por parte del OCCAMA, señaló que las consultas ciudadanas se basaron en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y fueron presentadas en septiembre ante la Semarnat. Sin embargo, ésta no contestó a tiempo y por eso recurrieron al amparo.
En conferencia de prensa en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Morales Reyes consideró que tras la admisión del amparo la Semarnat pretende evadir su responsabilidad.
Esto al enviarles el pasado 22 de octubre un documento (con fecha 1 de octubre) en el que les solicita que acrediten su domicilio, algo que no especifica la ley, pero que ya habían hecho al adjuntar copias simples de su credencial en las solicitudes.
«Nos permite especular que no fue el 1 de octubre sino más reciente y lo buscaron como una salida viendo que están notificados de amparo para dejar sin materia el amparo», expuso. Pese a ello, aseguró que responderán y ampliarán el amparo.
Al apelar al acuerdo de Escazú, sobre la participación ciudadana y las consultas, el abogado explicó que esos requisitos tampoco les tendrían que ser solicitados. Además, porque la actual titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, fue una de las principales impulsoras del acuerdo de Escazú y ahora como funcionaria federal lo está mintiendo.
Junto a Juan José Consejo Dueñas, del Foro Oaxaqueño del Agua, y Nadir Quiroz, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Ariel detalló que aunque todavía no hay una autorización del proyecto, las autoridades estatales y federales están promoviendo la licitación para la construcción de la presa Margarita Maza. Es decir, se están adelantando a lo que marca la ley.
«Ellos vienen muy rápido porque también el 8 de agosto amanecimos con la novedad de que ya se había realizado una consulta, de la que no se sabe quién consultó y a quién se consultó», explicó sobre este mecanismo del que también señalaron irregularidades.
El observatorio cuestionó a los gobiernos estatal y federal por promover la construcción de la presa “Margarita Maza” (antes “Paso Ancho”) como la única solución ante la presunta carencia de agua para la zona metropolitana de Oaxaca y no se han planeado otras soluciones menos costosas y más efectivas.
Es un proyecto precipitado, improvisado y contradictorio, pues se están omitiendo realizando con irregularidades la manifestación de impacto ambiental y la consulta a las comunidades por donde estarán la presa y la tubería que transportará el agua, expuso Juan José.
Incluso, temen que estalle nuevamente un conflicto entre San Vicente Coatlán (que no fue consultado por las autoridades) y Sola de Vega , comunidades con un conflicto de más de 60 años por 19 mil 600 hectáreas.
El observatorio sospecha que hay intereses adicionales a la presa en la cuenca del río “Verde”-“Atoyac”, incluso de proyectos mineros, pero que aún no han podido confirmar.
Antes que pensar en la presa como la solución a la crisis del agua, el Observatorio Ciudadano propone que las autoridades inviertan en la recarga de los mantos acuíferos mediante la preservación de la cordillera norte, también en la reparación de la infraestructura pública, pues ahí se pierde gran parte del agua potable. También exige que la Conagua revisé las concesiones de agua, ya que esto deriva en la sobre explotación del recurso que tendría que ser para la población.
