Isidoro Yescas*
Uno de los grandes retos que, a partir del asesinato de Carlos Manzo y de la marcha del 15 de noviembre tiene el gobierno mexicano, es, por un lado, responder con mayor contundencia al reclamo social (y político) de millones de mexicanos y mexicanas para combatir la inseguridad y la violencia que azota al país y, por el otro, reducir la polarización “in extremis” que desató la convocatoria a la marcha y lo que ocurrió durante la marcha: la provocación y violencia desatada por los anarquistas del Bloque Negro y los excesos en la respuesta policiaca, hechos que fueron consignados ampliamente por la prensa nacional e internacional.
Antes del asesinato de Manzo, el miedo era el factor que inhibía cualquier acción organizada de protesta ciudadana para denunciar y alzar la voz en contra de la inseguridad y la violencia.
Después, todo cambió. Su muerte detonaría no solamente la ira social sino abrió las puertas a una sinfín de protestas que, ya de manera coordinada, se expresaron con diversos actores sociales y políticos, el 15 de noviembre.
Si a estas marchas asistieron pocos o muchos jóvenes, no obstante que fueron los convocantes, es un asunto menor vista la pluralidad generacional y de clase, y de expresiones políticas opositoras al régimen de la 4T, que se manifestaron no solamente en la Ciudad de México sino en ciudades importantes como Jalisco, Monterrey, Morelia,Oaxaca y decenas más en todo el país.
Con independencia del oportunismo del PAN y PRI, y de los intereses empresariales y expresiones políticas anti 4T que se montaron en la marcha para ajustar cuentas con el régimen, lo que es un hecho irrefutable es que en nuestro país la crisis de inseguridad ya tocó fondo y desde diversos sectores sociales y políticos, incluyendo la iglesia católica, la exigencia es la misma: que desde el Estado se actúe con mayor firmeza en contra de los responsables de la violencia que tiene en vilo a todo México.
Por lo mismo, mas que confrontar o ignorar ese reclamo generalizado, la presidente Claudia Sheinbaum debería convocar a una gran conversación nacional para hacer frente a este y otros grandes problemas no resueltos como la corrupción oficial que hasta ahora ha gozado de cabal salud.
Y en esta tarea importa mucho llamar la atención sobre el papel desempeñado por algunos gobernadores que o han sido omisos para aplicar la ley y contener a la delincuencia o ya son parte de esa estructura criminal.
Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, etc. son referentes de malos gobiernos y, de declararles la guerra a sus gobernados y no a la delincuencia.
Vienen las marchas del 20 de noviembre convocada de nueva cuenta por la amorfa “Generación Z”, y luego la marcha del 25 de noviembre convocada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Habrá que estar atentos si para entonces la postura confrontacionista del gobierno federal hacia las expresiones sociales y políticas contestatarias persisten o, como sería lo deseable, esta vez se impondrá la cordura por la parte oficial y también de quienes tomen las calles.
De lo que sí debería alertarse desde ahora es sobre el papel que han jugado en las marchas de protesta los anarquistas y provocadores, que lo mismo han servido a los gobiernos para desprestigiar las luchas sociales que para justificar el abuso de la fuerza policial, como ocurrió el 15 de noviembre y, por ende, del endurecimiento gubernamental.
*Maestro en Sociología y periodista.
X.@YescasIsidoro
