Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax.. a 29 de noviembre de 2025.- Integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Oaxaca expresaron públicamente su preocupación e indignación por los presuntos agravios y agresiones cometidos por su dirigente, Amando Bohórquez Reyes, y lamentaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya tolerado estas acciones y protegido al líder.
A través de una carta pública dirigida al gobernador Salomón Jara Cruz, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como a la opinión pública y medios de comunicación, los miembros de esta organización vinculada al PRI solicitaron la intervención de las autoridades para que se investiguen los hechos y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas.
En el documento de fecha 27 de noviembre, secretarios, militantes y simpatizantes de la CNC Oaxaca detallaron algunos de los hechos presuntamente cometidos por Bohórquez y de los cuales incluso hay denuncias penales.
Por ejemplo, citaron «la presunta agresión sexual cometida por el dirigente estatal» en contra de «una compañera secretaria representante del Comité Directivo Estatal de la CNC, situación que ya fue denunciada formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca».
Otro agravio señalado en la carta es «el despido injustificado de la trabajadora Socorro López Antonio, mujer indígena y madre soltera, ocurrido en el mes de marzo» e instruido presuntamente por Bohórquez.
Pero también tolerado por la dirigencia del PRI, que representa María del Carmen Ricárdez Vela, y ante el cual denunciaron el hecho.
De este despido, también señalaron la tolerancia por parte del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, que dirige Araceli Maldonado García.
La confederación, recordaron, ha recibido financiamiento del PRI «bajo la premisa de representar a comunidades agrarias, comisariados, bienes comunales, campesinos y sindicatos campesinos».
Sin embargo, «se ha comprobado que no existe un respaldo legítimo ni apoyo real a dichas comunidades», por lo que advirtieron de una posible «simulación de representación y un fraude en perjuicio de los pueblos y sectores agrarios del estado».
En el documento, agregaron que estos hechos vulneran gravemente la dignidad, integridad y derechos humanos de las personas, pero también evidencian fallas estructurales en el instituto político, ya que ha protegido «a liderazgos políticos frente a denuncias de violencia, abuso de poder, malversación de recursos y posibles delitos de carácter penal».
