Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de febrero de 2020.- Dos años tuvieron que pasar para que Nicasio Lucas Pérez y Filadelfo Santos Pérez pudieran regresar a San José Quianitas, perteneciente al municipio de Santa María Quiegolani, de donde fueron expulsados por las autoridades debido a que no procesan la religión católica, en un claro caso de intolerancia religiosa.
En conferencia de prensa, representes legales y uno de los afectados dieron a conocer que el Juez Tercero de Distrito resolvió el amparo interpuesto ante la intolerancia religiosa registrada en el 2017 en perjuicio de 10 personas y derivó en la expulsión de dos personas, que hasta hace unos días pudieron regresar a su vivienda y con sus familiares.
“Me querían obligar a brindar servicio comunitario en la iglesia católica, pese a que no profeso la misma religión, me negué y me querían obligar a firmar una acta para comprometerme a realizar lo que querían, me volví a negar y ante ello me expulsaron”, recordó Filadelfo Santos Pérez en el encuentro con medios de comunicación.
Explicó que su caso no es el único y qué hay más personas, al interior de la localidad, que no ostentan la religión católica que han sido obligadas a participar en las festividades, o en su defecto tienen que pagar para que otras personas hagan la labores, lo cual repercute en su economía y no es justo debido a que la comunidad evangélica no pide el apoyo de otros para las actividades que tienen que ver con su fe.
Tras su regreso a la localidad, Filadelfo hizo el recuento de los daños toda vez que su plantación está dañada en un 80 por ciento debido al abandono en los últimos dos años, así mismo su vivienda se deterioró considerablemente y en estos momentos no cuenta con los servicios básicos para ser habitada, por lo que aún no se instala en la misma.
Por lo anterior el abogado defensor Gionani Martínez San Juan, aseguró que valoran las acciones a seguir toda vez que asumen será complicado acceder a una reparación del daño por parte de las autoridades, pese a que la resolución al amparo 138/2017 establece el retorno de las personas a la localidad y la reinstalación de los servicios básicos en sus viviendas, sin ningún tipo de represalia.
“En la mayoría de los casos de intolerancia religiosa no se deja volver a los expulsados, este es un primer triungo que haya vuelto y ahora queda evaluar que sigue en beneficio de la familia afectada”, dijo el abogado.
Por su parte el asesor jurídico de la Confraternidad de Pastores Cristianos Evangélicos, Porfirio Flores, aseguró que en la entidad tienen el registro de entre 10 y 12 casos más de intolerancia religiosa, la cual no solo deja en mal a la entidad sino que repercute considerablemente en en la vida de las personas afectadas.
“La intolerancia religiosa no solo genera una mala imagen al estado, también genera problemas muy directos a las personas que tienen que salir de su comunidad, dejar sus viviendas, perder su patrimonio e iniciar de cero en otro lugar”, dijo.
