Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 12 de enero de 2026.- El reciente crimen del periodista Carlos Castro en Veracruz, así como casos judiciales en esa misma entidad, además de Campeche y Puebla, ponen de nuevo en entredicho a los gobiernos de Morena por su severa intolerancia a la crítica periodística.
Ya en este espacio, semanas atrás detallamos la forma en que han ocurrido una serie de procesos judiciales en contra de comunicadores.
También precisamos, y reiteramos, que no se trata de impunidad por el solo hecho de portar un gafete o credencial de prensa; si alguien cometió un delito, así sea político, periodista, religioso o quien sea, que se le juzgue, con argumentos suficientes.
Pero sí resulta preocupante que en los siete años que lleva Morena en el poder, con el llamado movimiento de la Cuarta Transformación que promueve López Obrador, sea cada vez más creciente las agresiones y las acusaciones en contra de comunicadores, muchas veces sólo por emitir opiniones críticas.
En septiembre pasado, la organización civil Artículo 19, dio a conocer que el acoso judicial contra periodistas en México había aumentado un 143% en comparación con 2024, tan solo en los primeros siete meses de 2025.
De 51 casos, 11 corresponden a mujeres, algunas de ellas censuradas mediante el uso indebido de figuras como la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
RECIENTES CASOS
El pasado 8 de enero fue ultimado Carlos Castro, reportero policiaco, en Poza Rica, sin que hasta el momento haya detalles del o de los agresores, mucho menos detenciones.
Pero además, en el gobierno de la morenista Rocío Nahle, el 26 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que formuló una imputación en contra de Rafael León Segovia, reportero de la fuente policial detenido el 24 de diciembre bajo los cargos de “terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública”.
Tras su arresto en el puerto de Coatzacoalcos, León Segovia recibió la medida de prisión preventiva oficiosa.
También en diciembre y en Boca del Río, policías estatales agredieron al periodista Víctor Yáñez, por grabar la detención de un motociclista.
En Campeche, apenas el pasado jueves se dio la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Jennie Clarivel Mendieta pidió a la jueza Guadalupe Martínez Taboada, pena de dos años de prisión y multa contra el ex director de “Tribuna”, Jorge González Valdez y el representante de la empresa Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes Cruz, por los presuntos daños causados a la gobernadora morenista Layda Elena Sansores San Román por el delito de incitación al odio.
Aunado a ello, el periodista González Valdez recordó que están pendientes de resolución dos amparos, uno de no vinculación a proceso y el otro que ataca las medidas cautelares, por lo que la determinación de la jueza quedaría sin efecto.
Lo mismo ocurre con la postura de la juzgadora, que amenaza con la aplicación de multas y arresto en el supuesto de que González y Yerbes no comparezcan a la conclusión de la sesión de la etapa intermedia (“La Jornada”).
En otro caso, la semana pasada, la jueza Amada Beatriz Salazar González falló a favor de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, por presunto daño moral en su contra y ordenó a dos periodistas y a dos diarios que la indemnicen con dos millones de pesos.
Los comunicadores y los medios de información acusados de afectar “la reputación y el honor” de la jefa de la policía estatal son Joel Obet Ynurreta Priego y “La Neta” de Campeche, los periódicos “Por Esto” y “Por Esto Online” y el periodista Abraham Alberto Martínez Caamal, editor de la página digital “Reportero del Crimen”. Cada uno deberá pagar 500 mil pesos.
El pasado 4 de enero, Antonio Castro, ex policía de tránsito del municipio de Uruapan, Michoacán, y administrador del perfil de Facebook “Patrullando tu colonia”, fue gravemente herido en un ataque a balazos perpetrado por al menos dos sicarios, en una colonia del norte uruapense.
El 9 de enero fue detenido el director del periódico “Vanguardia” de Saltillo, Coahuila, Armando Castillo Galindo, supuestamente por un fraude e incumplimiento a una cita judicial.
En septiembre pasado, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, interpuso una queja en contra del periodista Arnoldo Cuéllar Saldaña interpuso, por supuestamente difamarla y cometer violencia política por razón de género.
También en abril del año pasado, reporteros clausuraron simbólicamente al Instituto Estatal Electoral de esa entidad por coartar la libertad de expresión por emitir medidas cautelares para que medios bajen notas o incluir a periodistas en procedimientos sancionadores por denuncias de violencia política.
En ese entonces emitió dos medidas cautelares donde ordenó bajar notas a “El Sol de León”, al periódico “AM”, a “Nuestras Noticias Bajío”; al comunicador, Alejandro Ramírez Ramblas, a Kuali, a “Códigos”, a “Página Central”, a “Quadratín” y a “Zona Franca”.
En Puebla, por citar un caso, el gobernador morenista Alejandro Armenta ha sostenido un largo pleito con algunos medios de comunicación y periodistas, entre ellos de e-consulta, Rodolfo Ruiz.
Y la lista de agravios es larga; está por ejemplo la polémica presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López, que denunció al responsable del portal “Acapulco Trends”, Jesús Castañeda, por criticarla, al argumentar violencia política por razón de género.
El caso es que un Tribunal Electoral determinó que el comunicador debe disculparse públicamente por 15 días.
CASO OAXACA
Si bien en la entidad oaxaqueña no ha habido casos relevantes ni frecuentes, por lo menos hay algunos hechos, que pueden tener esos visos de intolerancia judicial.
En noviembre pasado, el columnista Alejandro Leyva, ex vocero del PRI y ex director de la Corporación de Radio y Televisión, fue citado a comparecer ante la autoridad por una supuesta irregularidad administrativa a su paso como funcionario… hace cinco años.
Supuestamente la Auditoría de Fiscalización de Oaxaca halló “faltas graves” en su gestión; hasta ahora el caso no ha pasado a más.
Apenas el pasado 7 de enero, el periodista Álvaro Cuitláhuaca López y su familia denunciaron ser víctimas de una campaña de linchamiento y criminalización, al culparlos de diversos delitos.
Salieron a dar una conferencia para criticar dichas denostaciones, todo porque exigen justicia sobre un allanamiento de domicilio y golpes en contra del comunicador, ocurridos hace 10 meses en la ciudad de Oaxaca.
A mediados del año pasado, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, citó judicialmente al periodista Alejandro López López, del portal “Nuevo Siglo Noticias” y le ordenó no publicar ninguna noticia relacionada con la responsable del Registro Civil en Asunción Nochixtlán, a quien criticó en sus publicaciones por omisiones diversas.
Le prohibió realizar “cualquier acto de molestia” a la funcionaria estatal, identificada con las iniciales R. M. J. L., quien lo había denunciado… por violencia de género; después de diversas gestiones, fue desechada la demanda.
¿QUÉ HACER?
Según Artículo 19, organización que se especializa en la defensa de periodistas, el acoso judicial contra comunicadores de México creció un 143 por ciento el año pasado.
“De todos los procesos documentados, 25 acusaron a la prensa de Violencia Política por Razón de Género, lo que significa que prácticamente uno de cada dos casos de acoso judicial se inició haciendo uso indebido de esta normativa”.
Entre las víctimas, cinco mujeres periodistas sufrieron acoso judicial por esta misma figura legal, evidenciando cómo el propio instrumento se ha utilizado para silenciar a periodistas mujeres.
Artículo 19 señala que el acoso judicial contra periodistas comenzó a ser tendencia desde 2016, pero fue a partir de 2018, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, cuando los casos comenzaron a repuntar, pasando de 13 a 21.
No obstante, para 2025 se ha observado un incremento desmedido de demandas, denuncias y procedimientos administrativos como forma de presionar y violentar a la prensa (información de Aristegui Noticias).
La semana pasada, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) cifró en 128 los profesionales de la información muertos a lo largo de 2025 en todo el mundo, de los cuales 56 corresponden a fallecidos en Palestina en el marco de la ofensiva militar israelí contra la franja de Gaza.
Otros organismos civiles han detallado que después de Gaza, México es uno de los países donde más se violenta a la prensa.
Insistiremos mil veces: si alguien, comunicador, periodista, columnista, está acusado de un delito fehaciente, que se proceda. El periodismo no es impunidad, para nada.
Pero hay que precisar debidamente de que se trata, porque por lo menos en el caso de Violencia Política por Razón de Género, es un absurdo judicializar un caso; las funcionarias y políticas no están ni deben estar exentas de las críticas, fundadas por supuesto.
No basta alardear, por lo menos tres veces al año, que la autoridad, municipal, estatal o federal, que se respeta la libertad de expresión. Debe ir acompañada de acciones reales, no de dientes para afuera.
