Néstor Y. Sánchez Islas
En Oaxaca está por celebrarse un ejercicio que, en el discurso oficial, se presenta como una expresión avanzada de la democracia: la revocación de mandato del gobernador. Sin embargo, cuando se observa el proceso con un mínimo de distancia crítica, surgen dudas razonables sobre su naturaleza real. Más que un mecanismo ciudadano de control del poder, todo indica que se trata de una operación política diseñada desde el propio poder para legitimarse a sí mismo.
La revocación de mandato nació, en teoría, como un instrumento para que la ciudadanía pueda retirar la confianza a un gobernante que ha incumplido su encargo. Su sentido original es limitar al poder, no fortalecerlo. Pero cuando quien gobierna controla el dinero público, tiene influencia sobre las instituciones electorales y domina la narrativa política, el mecanismo se invierte: deja de ser un derecho ciudadano y se convierte en una herramienta de manipulación.
Desde hace semanas, las calles de Oaxaca están inundadas de lonas, espectaculares y propaganda impresa con mensajes de apoyo al gobernador Salomón Jara. El lema es claro: “para que siga la primavera”. No se convoca a evaluar críticamente una gestión, sino a respaldarla. No se invita a revocar, sino a ratificar. La lógica del ejercicio se diluye en una campaña de promoción política que, paradójicamente, gira en torno a un proceso que debería cuestionar al poder, no celebrarlo.
El despliegue propagandístico es imposible de ignorar. Miles de lonas sin firma, volantes repartidos por brigadas de jóvenes, anuncios espectaculares en puntos estratégicos de la ciudad. Nadie se hace responsable de esos mensajes. No hay nombres, no hay razones sociales, no hay rendición de cuentas. Y, sin embargo, la ley mexicana prohíbe que particulares financien propaganda política de este tipo. La pregunta es inevitable: ¿de dónde sale el dinero?
En política, la ausencia de firmas no implica ausencia de responsables. Cuando un gobernante es el beneficiario directo de una campaña, aunque ésta no tenga autor visible, el beneficio crea una presunción política, si no legal. No es una acusación gratuita; es una regla básica del análisis del poder: seguir el rastro de los incentivos. Nadie gasta millones de pesos en propaganda sin esperar algo a cambio, y menos aún en un contexto de pobreza estructural y deterioro institucional.
El problema de fondo no es solo local. El gobierno mexicano atraviesa una crisis de credibilidad profunda. Cada semana surgen nuevas investigaciones periodísticas que revelan vínculos, complicidades o tolerancias entre funcionarios públicos y diversas expresiones del crimen organizado: desde el huachicol y el narcotráfico hasta la trata de personas y el tráfico de migrantes. No se trata de casos aislados, sino de un entramado que erosiona la legitimidad del Estado.
En ese contexto, la revocación de mandato en Oaxaca no aparece como un ejercicio saludable de democracia, sino como una puesta en escena. ¿Qué gana realmente la sociedad oaxaqueña con un proceso que parece diseñado para que el gobernador se proclame ratificado, independientemente de los resultados reales o del nivel de participación? El riesgo es claro: que el poder utilice el lenguaje democrático para blindarse frente a la crítica.
Mientras se gastan cantidades difíciles de justificar en propaganda política, la realidad material del estado es inocultable. Las carreteras están en condiciones deplorables, los hospitales carecen de insumos, el sistema de agua potable es deficiente, la inseguridad crece y la educación pública se debilita.
Este contraste entre el derroche propagandístico y el abandono de la infraestructura revela una prioridad equivocada: la imagen por encima de la realidad, la narrativa por encima de los hechos. Desde una perspectiva filosófica, es el triunfo de la apariencia sobre la sustancia, del simulacro sobre la política entendida como servicio público.
La democracia no se mide por la cantidad de lonas en las calles ni por los slogans optimistas. Se mide por la capacidad real de la ciudadanía para controlar al poder, exigir cuentas y sancionar los abusos. Cuando los mecanismos de participación son capturados por quienes gobiernan, dejan de ser democráticos y se convierten en rituales vacíos.
Oaxaca no necesita ejercicios manipulados que refuercen el cinismo y la desconfianza. Necesita gobiernos que gobiernen, instituciones que funcionen y ciudadanos informados que no confundan propaganda con democracia. La revocación de mandato, tal como se está desarrollando, corre el riesgo de pasar a la historia no como un avance democrático, sino como otro episodio de una democracia utilizada como escenografía del poder.
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