Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 22 de enero de 2026.- A cinco años del desplazamiento forzado de más de 500 personas de Tierra Blanca Copala, en la zona triqui de Oaxaca, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) acusó al Estado mexicano de administrar el conflicto y de evadir su responsabilidad para garantizar la justicia y el retorno seguro de las familias.
A 1,800 días del desplazamiento, la organización exigió al gobierno estatal y al federal la instalación inmediata de una mesa de trabajo con el gobernador, Salomón Jara Cruz, y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, para el retorno seguro y digno de las familias desplazadas, pues aunque cuentan con medidas cautelares a su favor y amparos, estos siguen sin ser cumplidos por las autoridades.
También demandó justicia y la aplicación de la Ley de Desplazamiento Forzado que el gobierno estatal aprobó en 2025 para que el pueblo triqui cuente con medidas reales de reparación, restitución y garantías de no repetición.
«Existen mecanismos jurídicos nacionales e internacionales vigentes que obligan al Estado Mexicano a garantizar el retorno, la seguridad y el acceso a la justicia: el amparo en revisión 597/2023, la recomendación 36/2022 de m Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las medidas cautelares 279-2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ninguno se ha cumplido. El retorno no ha ocurrido. La justicia no ha llegado. Las víctimas siguen esperando», expresó.
Este jueves, en conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, ciudad de Oaxaca, el MULTI señaló que además del desplazamiento forzado se vive un clima de intimidación y violencia armada constante en su contra por parte de grupos paramilitares. «Cada dos días, grupos paramilitares provenientes de Rastrojo Copala acuden a Yosoyuxi Copala para realizar disparos contra la población, sin que exista ninguna consecuencia legal o política», detalló.
En este lustro, explicó que también han sido asesinados varios de sus militantes y dirigentes y que han sido objetos de una campaña de desprestigio y criminalización para dividir y deslegitimar la lucha de las familias desplazadas.
En su pronunciamiento, la organización recordó que el primer episodio de violencia comenzó el 26 de diciembre de 2020 y concluyó el 22 de enero de 2021, durante la administración del ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa. El saldo fue el «desplazamiento forzado del 99 por ciento de la población originaria».
Este evento, dijo, no fue aislado ni fortuito sino que estuvo «plagado de irregularidades, omisiones deliberadas y complicidades», con la participación directa de funcionarios estatales y municipales, «quienes actuaron en conjunto con un grupo armado de corte paramilitar denominado MULT, bajo las órdenes de la familia caciquil Ortiz».
El MULTI señaló directamente a «Eleazar Ortiz, Emelia Ortiz, Epifanio Ortiz, Florentino Ortiz y Manuel Ortiz», como «responsables directos de la violencia que desplazó a un pueblo entero».
