Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 23 de enero de 2025.- Familias desplazadas de la agencia Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de San Juan Juquila Mixe, desmintieron que el retorno anunciado el 4 de noviembre por el gobierno de Oaxaca se haya concretado en condiciones de seguridad, de dignidad y de garantías a sus derechos humanos, pues siguen siendo revictimizadas y amenazadas.
Este 23 de enero, en un pronunciamiento ante medios de comunicación y desde la explanada de San Juan Juquila Mixe, las familias señalaron que las promesas públicas hechas por el gobierno estatal no se han cumplido, lo que evidencia «una grave falta de seriedad institucional».
Por ello exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para garantizar el retorno de las 64 familias de manera masiva, inmediata y sin restricciones, ya que siguen padeciendo hambre, precariedad y la falta de una vivienda digna fuera de su comunidad de origen.
«El coordinador de los delegados de paz, Donato Vargas, fue el encargado de la la planes técnica y logística, siendo responsable de dejar mal el gobierno del estado por la falta de pericia necesaria para sacar acuerdos sólidos e inquebrantables entre ambas comunidades para un retorno garantizado en todos los sentidos», explicaron sobre el desplazamiento forzado que viven al menos desde el 2017 por un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec.
«Persisten las intimidaciones, condicionamientos y amenazas por parte de personas plenamente identificadas del grupo disidente que pertenece a la agencia de Guadalupe Victoria, lo que ha generado entre la población desplazada la percepción fundada de que el retorno anunciado careció de condiciones reales para garantizar una estancia segura y digna», ahondaron.
Asimismo, señalaron que «de las 471 personas víctimas de desplazamiento forzado que acudieron a revisar sus viviendas con el objetivo de iniciar su rehabilitación, ninguna contó con las condiciones mínimas para permanecer en la comunidad limitándose únicamente a constatar el abandono y deterioro de sus viviendas».
En su pronunciamiento externaron que aunque se aseguró que la asamblea general de Guadalupe Victoria había autorizado el retorno de las familias y que existían acuerdos firmes para garantizar un retorno exitoso, esto «nunca se materializó evidenciando la nula disposición del grupo disidente para construir acuerdos reales y eficaces».
Las y los desplazados expresaron su estado de indefensión y el abuso sistemático de sus derechos humanos, al ser vulnerados por las autoridades estatales y federales en un retorno que se anunció «como un plan detallado y con garantías suficientes» ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado s (ACNUR).
Los habitantes recordaron que fueron desplazados de manera forzada en dos ocasiones, la primera en enero de 2017; la segunda en agosto de 2024. Y sin que a la fecha se les haya garantizado una solución integral, efectiva y con respeto a sus derechos humanos.
El desplazamiento forzado se debe al conflicto agrario con la comunidad de San Pedro Ocotepec, cuyos representantes, «mediante engaños y estrategias de cooptación usaron a un grupo disidente que se sustenta como líderes de Guadalupe Victoria, como instrumento y escudo, con el fin de justificar acciones que derivaron en violencia, desestabilización social y finalmente en nuestro desplazamiento forzado».
Los desplazados recordaron que San Pedro Ocotepec pretende ostentar una propiedad que no les corresponde valiéndose del grupo disidente de Guadalupe Victoria. Pero tales tierras han sido ocupadas y trabajadas históricamente por Guadalupe Victoria, explicaron.
El pasado 4 de noviembre, al citar al gobernador Salomón Jara, la administración estatal dijo que este retorno era «un acto histórico» y que el gobernador aseguró a las familias que su administración «no abandonará nunca a Guadalupe Victoria”.
En su discurso, el mandatario informó que «en marzo de 2023 inició el proceso de diálogo, realizando más de 60 encuentros con autoridades y víctimas, para alcanzar acuerdos como su retorno o reubicación», como parte de «un proceso de construcción de paz y retorno asistido, digno y seguro para las familias».
En tanto, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, destacó que en este acto de reconciliación, en el que 63 familias de un total de 168 se incorporan, se brindará el acompañamiento del Estado y del Gobierno de Oaxaca para impulsar el progreso y la paz.
