Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de marzo de 2026.- La Acción Colectiva para los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), conformada por 23 organizaciones de la sociedad civil organizada de Oaxaca, señaló este martes que en lo que va de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz han sido privadas de la vida al menos 32 personas defensoras.
Durante la presentación del segundo informe sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) en el estado de Oaxaca, titulado «¿Avanza o no, el Respeto a los DDHH en Oaxaca?», las organizaciones explicaron que en los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 agresiones contra personas en lo individual y 70 agresiones contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.
El informe detalla que «de todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras».
Asimismo, se señala que un aspecto preocupante del monitoreo es que el Istmo de Tehuantepec destaca con el 50% de todas las agresiones registradas que se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
«Hemos determinado que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que hay altos niveles de impunidad y una débil respuesta institucional por parte del estado frente a esas graves violaciones», explicaron integrantes de las organizaciones durante la presentación del informe en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en la capital oaxaqueña.
El respeto a los derechos humanos se ha convertido en una deuda estructural por parte del Estado, incluso en este último gobierno a partir de la omisión cometida por el estado, apuntaron.
Aunque reconocieron que han habido modificaciones legislativas y normativas, así como programas orientados a proteger y defender los derechos humanos e incluso un avance a nivel estatal de la reducción de víctimas, todavía no es suficiente para revertir la cifra de más del 90 por ciento de casos que se mantienen en la impunidad.
«Desafortunadamente, la mayoría de estos reclamos no han sido atendidos en las administraciones anteriores y en la actual. O si acaso son parcialmente atendidas sin resolver la problemática de fondo», señalaron representantes del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Servicios para una Educación Alternativa y Ojo de Agua Comunicación, algunas de las organización que integran la Acción Colectiva.
