Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 1 de abril de 2026.- La titular de la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, señaló que en la administración estatal se han reducido de 11 a 8 las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficios de personas o grupos en situaciones de gravedad y urgencia en los sexenios anteriores.
«En los sexenios anteriores nos heredaron 11 medidas cautelares. De esas 11 medidas hemos logrado acreditar en este sexenio que las situaciones de riesgo grave e inminente que motivaron sus adopción han sido efectivamente superadas debido a las acciones de atención integral implementadas por este gobierno», explicó este lunes en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Aunque no detalló a quiénes corresponden esas medidas cautelares, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido levantar tres medidas cautelares. Es decir, siguen vigentes 8 otorgadas en las administraciones anteriores.
En este sexenio, se han presentado dos solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. Sin embargo, señaló que en ambos casos el gobierno ha acreditado que «no existieron las situaciones de riesgo grave que estaban planteando los peticionarios, por lo que ninguna de las dos solicitudes fueron admitidas.
Morales Hernández detalló que de las 11 medidas cautelares heredadas seis corresponden a las solicitadas y otorgadas en la administración del ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El pasado 18 de marzo, la CIDH informó del levantamiento de una de las medidas cautelares de más antigüedad (casi 18 años), la que había otorgado en favor de 177 habitantes del municipio de Santo Domingo Ixcatlán.
«Al momento de tomar la decisión, la Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado durante la implementación y la falta de eventos concretos, actuales y específicos en contra de las personas beneficiarias que permitan identificar una situación de riesgo grave e inminente. Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares y a la luz de la información disponible, la Comisión consideró que, en la actualidad, no es posible advertir una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento», explicó la CIDH.
Las medidas fueron otorgadas inicialmente para 60 habitantes en el año 2008, debido a «eventos de violencia perpetrados por integrantes de grupos armados al margen de la ley que mantendrían vínculos con autoridades locales; en particular, el 30 de abril de 2008, 40 hombres armados quemaron y descuartizaron a Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé en el paseo de Santo Domingo Ixcatlán».
Posteriormente, el 8 de junio de 2008, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de 117 habitantes.
De parte del Estado, la Comisión detalló que este solicitó el levantamiento de las medidas cautelares en sus comunicaciones de 6 de enero de 2016 y 2 de agosto de 2017 (en la administración de Murat Hinojosa), así como el 12 de mayo de 2025 (en la presente administración del gobernador Salomón Jara Cruz). «La solicitud fue trasladada a la representación (Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Cedhapi), la cual remitió sus observaciones el 1 de septiembre de 2025. El Estado reiteró la solicitud de levantamiento el 11 de diciembre de 2025”.
