Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 13 de abril de 2025.- El próximo año entra en vigor en el país el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, homologado para todas las entidades, y que representa literalmente una revolución en materia judicial.
Pero implica fuertes retos, como la capacitación de jueces, magistrados y abogados, y la digitalización de todos los servicios en las salas que atienden esos tópicos.
Y de remate, el próximo año también Oaxaca tendrá la elección de juzgadores, en que se tendrá que reemplazar a jueces y magistrados (o en su caso los actuales tendrán que concursar por un puesto), lo que complica el panorama judicial.
Por ello, la semana pasada, el Poder Judicial del Estado llevó a cabo durante dos días una serie de conferencias sobre la implementación de la nueva norma, bajo el nombre de “Avances y coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”.
Y justamente ese es el dilema, ¿estará listo el Poder Judicial del país, y particularmente de nuestra entidad para entrar a este nuevo proceso? Los especialistas e incluso funcionarios judiciales advierten que no, pues hace falta intensificar la capacitación y mayores recursos financieros para el equipamiento.
LOS RETOS
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, el 76.2 por ciento de todas las sentencias que se dictan, son de materia civil y familiar. Mientras que, de la materia penal, apenas es del 20 por ciento. Es decir, la mayor parte de trabajo está en estas dos materias.
Lo anterior equivale aproximadamente a 950 mil sentencias por año en materia familiar y 539 mil en materia civil, es decir: un millón y medio de nuevos asuntos cada año.
Y está también la problemática de los recursos humanos, pues su aplicación requiere de un mayor número de personas, pese a la digitalización, con el propósito de agilizar los juicios y acabar con los rezagos.
Y es que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contiene mil 191 artículos, integrados en 10 distintos libros, el doble de los que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aunado a ello, esta nueva norma, que deberá entrar en vigor el 1 de abril del 2027, tiene aparejado un concepto que se denomina supletoriedad, respecto de 17 ordenamientos federales.
Y viene a sustituir todos los códigos de procedimientos civiles y los códigos de procedimientos familiares en todo el país, mismos que quedarán abrogados.
De acuerdo con los especialistas, el Código Nacional es la tercera norma jurídica más importante, después de la Constitución Política y de la Ley de Amparo.
EL ANTECEDENTE
Según ha dado a conocer el presidente de la comisión local para la implementación de esta norma, Juan Carlos Díaz Carranza, el origen de esta revolución está en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, que fueron convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde en foros recogieron el sentir ciudadano, es decir cómo percibe la sociedad al sistema de justicia.
Y las observaciones no fueron nada halagüeñas: el sistema en esa área es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.
Además, el obsoleto modelo, genera que los juicios se alarguen por años; el que cada entidad del país tenga su propia norma, genera multiplicidad de criterios; hay uso excesivo de los medios de impugnación; no hay capacitación al personal y hay insensibilidad por parte de los juzgadores respecto a los temas civiles y familiares.
En la entidad, previo a los trabajos de la comisión estatal para la implementación del Código Nacional, se hizo un diagnóstico en que se detectó que por cada expediente penal, se forman tres expedientes en materia civil y familiar.
En la entidad oaxaqueña existen 66 juzgados en materias civil y familiar, y dos más especializados, el Juzgado de Reconocimiento de Paternidad y el de Órdenes de Protección, mismos que están sobre cargados de trabajo.
Solo seis juzgados tienen acceso a una Sala de oralidad, que no es propia y que comparten con Justicia Oral Penal, agenda de sala que está colapsada con audiencias señaladas hasta 2027.
Con respecto a tecnología, el 60 por ciento de los juzgados en materia civil y familiar, cuentan con servicio de internet inestable, mientras que aún existen cuatro juzgados sin acceso a internet.
LAS NOVEDADES
¿Qué significa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues que obliga a los juzgadores a presenciar las audiencias. Ahora las audiencias podrán agotarse en un solo momento (salvo la complejidad del asunto amerita más audiencias), lo que va a evitar lo interminable de los juicios.
Asimismo, prevé procedimientos en línea, como la digitalización de expedientes, el uso de la firma electrónica, las audiencias virtuales e incluso la realidad virtual, lentes y avatar.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional del estado de interdicción, pero ahora el Código Nacional lo sustituye por un sistema de apoyos y salvaguardias para la toma de decisiones, reconociendo la capacidad jurídica.
Por ejemplo, una persona con discapacidad puede llevar a cabo actos jurídicos, sobre todo en materia civil relacionados con su patrimonio a través de una persona con vigilancia judicial.
Aunado a ello, el auxilio de los notarios va a despresurizar la carga laboral en los juzgados; ahora el justiciable podrá decidir entre los servicios gratuitos del Estado o acceder a los servicios privados (en determinados procedimientos).
Por ejemplo, lo que se conoce actualmente como el Divorcio Administrativo, ahora ya se podrá a través del Divorcio Bilateral, siempre y cuando no haya bienes ni hijos menores de edad.
Podrán participar también en las diligencias de apeo y deslinde y en las consignaciones de renta.
¿QUÉ HACER?
Evidentemente que son muchos los retos y aún cuando las autoridades judiciales que preside la magistrada Érika María Rodríguez Rodríguez, reportan avances en la capacitación, todavía falta mucho por hacer.
Principalmente porque no hay recursos financieros suficientes para implementar este nuevo Código Nacional; en una entrevista publicada este lunes en el diario “El Imparcial”, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoce que se requerirían más de dos mil millones de pesos para equipamiento digital, mobiliario y demás, a fin de acondicionar las salas familiares y civiles.
Asimismo, la nueva norma no ha tomado en cuenta la realidad pluricultural de los estados, principalmente Oaxaca, con alrededor de 16 etnias.
Y está en puerta la elección de magistrados y jueces en la entidad, también el próximo año, lo que implica un dilema: ¿a quién capacitar?
Porque si se está dando el adiestramiento a los actuales servidores públicos del Poder Judicial estatal, ¿y qué tal si no repiten tras participar en el proceso? O si llegan nuevos jueces y magistrados, ¿tendrán la capacidad suficiente para implementar la nueva norma?
Porque se ha visto a nivel nacional que muchos llegaron al cargo judicial sin tener la preparación suficiente, sino por “acordeón”, es decir por recomendación, o parentesco con algún funcionario.
Por esa razón, los destacados ponentes que participaron la semana pasada en el foro “Avances y coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”, plantearon la posibilidad de que se posponga o la elección judicial o la implicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La moneda está en el aire.
