Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 18 de abril de 2026.- Colectivos oaxaqueños de búsqueda de personas desaparecidas condenaron y calificaron como alarmante la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por minimizar el problema de las desapariciones en México ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las familias señalaron que el informe y la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son «una confirmación de la gravedad de las desapariciones y las desapariciones forzadas o cometidas por particulares».
Además de que «evidencia la insuficiencia institucional y, sobre todo, la impunidad que impera en México, en donde sí se permiten y se ordenan desapariciones».
En Oaxaca, desde el 2022, las desapariciones también han aumentado y las familias siguen enfrentando «una simulación y una ficción jurídica del gobierno estatal ante la táctica de dilación sistémica y la falta de conciencia e incumplimiento del gobernador del estado», externaron en un pronunciamiento.
Los colectivos y organizaciones como Sabuesos Guerreras Oaxaca, Caminos, Cojudidi, Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros y Corriente del Pueblo Sol Rojo también demandaron al gobierno federal que no simplique la gravedad de las desapariciones forzadas sino que esté a la altura de la crisis.
Al gobierno estatal le exigieron fortalecer a las comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, que adopte las recomendaciones y cumpla con las condiciones mínimas de la política nacional. Asimismo, que instrumente el órgano de gobierno de búsqueda de personas desaparecidas.
En las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado el informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre México, al considerar que el organismo ha extendido al año 2025 las cifras de un análisis que corresponde al periodo 2009-2016.
La mandataria señaló que el documento tampoco ha tomado en cuenta las acciones de su gobierno y el del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este problema.
La Secretaría de Gobernación incluso ha calificado al documento como tendencioso y con falta de rigor jurídico.
Por su parte, el Comité ha expresado que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas «no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas», pero que la magnitud de los casos de desapariciones «pone de relieve la gravedad de la situación». Especialmente ante «el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país» (más de 4,500) y la existencia de «unos 72.000 restos humanos no identificados».
El «Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles».
«Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas», señala un comunicado de la ONU sobre la solicitud para que la Asamblea General de las Naciones Unidas «considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen».
