Lisbeth Mejía Reyes/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 2 de julio de 2026.- A dos años y medio de su detención arbitraria y tortura por parte de policías estatales, Fila Aldaz Desiderio denunció la omisión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de la Fiscalía General del Estado (FGEO), así como otras autoridades, para investigar y sancionar a los elementos que lo detuvieron el 27 de enero de 2024, tras participar en la primera marcha-calenda en contra de la gentrificación.
Este jueves, al respaldar su labor como integrante de la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca exigió justicia para Fila, acceso a la verdad, la reparación integral del daño y garantías de no repetición.
«Exigimos alto al hostigamiento, alto a la discriminación, a la tortura y alto a los desalojos de espacios donde se comparte alimentación con poblaciones vulneradas. La verdad no se obtiene bajo tortura. La justicia no puede esperar», expresó Consorcio.
En conferencia de prensa en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde ocurrió la detención, Fila y Consorcio subrayaron que su aprehensión fue ilegal y que le dejó secuelas físicas y emocionales.
Además de que se mantiene la violencia institucional en su contra por la omisión y demora en el acceso a la justicia, por la falta de protección y reparación.
Fila, persona defensora e indígena ayuuk (mixe), también denunció al gobierno estatal por hostigamiento y presión para comprar su iniciativa. Acusó que presuntamente Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas ofreció comprar el proyecto de comedor comunitario.
Al citar el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal, en el que se reportaron ocho mil 35 hechos presuntamente violatorios en Oaxaca durante el 2024, la organización Consorcio dijo que el caso de Fila no debe considerarse solamente cómo estadístico.
Se trata, dijo, de una alerta de que la tortura y la detención arbitraria se agravan cuando no hay defensa adecuada, intérpretes, controles de legalidad, peritajes independientes ni rutas culturalmente pertinentes.
Fila recordó que aquel 27 de enero los policías estatales le golpearon, tiraron al suelo, pisotearon y esposaron antes de subirlo a la patrulla.
Durante el traslado y después en las instalaciones oficinas, también le sometieron a amenazas, humillación, discriminación por su origen indígena y orientación sexual, además de que le pegaron el acceso a agua y a atención médica.
Su liberación, dijo, se logró gracias al respaldo de las organizaciones sociales, activistas por los derechos humanos y la presión social.
Como Fila, desde el 2018 y hasta el 2024 y según el Registro Nacional de Delito de Tortura, en Oaxaca hubo mil 224 víctimas (15.4 por ciento del total nacional). De esos casos se reportaron 965 presuntos responsables (10.5 por ciento del total del país).
