Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 10 de agosto de 2026.- O es una “cortina de humo” ante los graves problemas nacionales o es la confirmación de que Morena-gobierno insisten en censurar a los medios de comunicación.
De hecho, la administración federal con ese partido, desde Andrés Manuel López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, se ha distinguido por la opacidad, por la extinción de órganos que garantizaban el derecho a la información.
Recientemente la Presidencia de la República anunció la creación de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, supuestamente para “regular” contenidos a favor de la población.
Pero la mayor parte de los sectores sociales, incluyendo los periodísticos, han coincidido en que se trata de una velada censura, principalmente hacia las redes sociales.
Todo ello en un contexto social y criminal convulso, en que la delincuencia organizada abarca más terrenos, el gobierno de Donald Trump intensifica su andanada contra Sheinbaum y los ataques a las y los periodistas son una constante.
LA PROPUESTA
Ante la ola de críticas, el pasado fin de semana, la Presidencia de la República reiteró que no se trata de una censura, pero precisó:
Los lineamientos establecen la distinción entre publicidad y contenido con el objetivo de que las audiencias conozcan cuando una publicación es pagada:
● En televisión: Deberá hacer la mención de que es un espacio comercializado o mostrarse en la pantalla, de forma clara, legible y visible, el símbolo “P”. Y al final de cada contenido se mostrará en pantalla: “Este programa contó con espacios comercializados y/o patrocinados”.
● En radio: Se deberá́ expresar verbalmente de forma clara y previa, que se trata de publicidad.
Asimismo, esta distinción deberá establecerse cuando se trata de opinión e información.
Se deberán incorporar elementos sonoros que permitan identificar plenamente que, en el contenido, la persona informadora, comentarista o conductora, expresa de forma indistinta, sus opiniones y mensajes noticiosos o únicamente opiniones. Dichos elementos se deberán incorporar al inicio y al final del Contenido.
● En televisión: En contenidos noticiosos o que cuenten con secciones informativas o noticiosas específicas deberán colocarse plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento, que permita identificar plenamente que la persona informadora, comentarista o conductora, expresa de forma indistinta, sus opiniones y mensajes noticiosos.
“¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”, enfatizó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta ahí todo pareciera normal y común, que es el hecho de precisar cuándo una información es opinión o cuándo es una publicidad.
Sin embargo, en el fondo de lo que se trata es de regular los contenidos, principalmente los que se difunden en redes sociales.
El área jurídica de la Presidencia precisó que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias—que siguen en consulta ciudadana hasta el 21 de agosto— “no hablan de sancionar contenidos ni que el Estado determinará qué es verdad y qué no, sino que los propios medios de comunicación son quienes deben de emitir un Código de Ética estableciendo cómo garantizar que la información sea certificada y verificada, además de nombrar a un defensor de audiencias y poner a disposición mecanismos de defensa”.
LA INCONFORMIDAD
“En un contexto en el que diversos periodistas y comunicadores han criticado que esta nueva regulación pone en riesgo la libertad de expresión, dado que podría caer en la censura, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó un debate realizado en Canal 40 en donde participan periodistas como Ciro Gómez Leyva, Denise Mearker y Sergio Sarmiento para explicar por qué sí deben autorregularse”, publicó la semana pasada el medio informativo Infobae México.
Y relata que en ese ocasión, Sergio Sarmiento reconoció que “los medios mienten deliberadamente”; sin embargo, el reconocido comunicador dijo que fue sacado de contexto dicho argumento.
El caso es que ha generado un fuerte debate en que la mayoría de los líderes de opinión, del sector informativo y de otros, coinciden en los Lineamientos buscan limitar la información y los contenidos noticiosos.
A finales de julio, la Alianza de Medios (organismo que aglutina a diversos medios informativos serios, principalmente de carácter nacional), expresó su postura y preocupación por esta nueva norma que propone el gobierno federal.
Primero, la consulta que promueve la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no es abierto; por lo menos en Oaxaca no se ha sabido de ningún foro al respecto y faltan menos de dos semanas para que termine la consulta.
Segundo, el tema requiere una discusión pública, transparente y plural, debido a que las reglas que finalmente se aprueben tendrán un impacto directo sobre el ejercicio periodístico y la operación de los medios de comunicación concesionados.
La Alianza de Medios enfatizó que los derechos de las audiencias tienen el mismo rango constitucional que la libertad de expresión, por lo que ninguno de estos principios debe imponerse sobre el otro.
Reiteró que debe haber una consulta pública permita escuchar todas las voces involucradas y construir consensos que fortalezcan tanto las garantías de las audiencias como el ejercicio libre del periodismo.
Además, consideró indispensable incorporar al análisis el papel de los medios públicos y revisar los mecanismos de supervisión de la CRT para garantizar mayor autonomía en las resoluciones que eventualmente emita el organismo regulador.
También la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha señalado que algunos apartados de la propuesta podrían generar incertidumbre jurídica y abrir espacios para la aplicación discrecional de la norma.
SIN NOVEDADES
No es nueva la propuesta de que los medios de comunicación se autorregulen y creen sus propios códigos de ética; de hecho hay muchos libros dedicados a la deontología relacionada con los medios de comunicación.
Por ello, la Alianza de Medios considera positivo que impulsen su propio código de ética y la creación de un defensor de audiencias; en este último caso, por ejemplo, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión ya hizo un primer ejercicio práctico, pero no sirvió de nada.
En realidad si el gobierno federal quisiera claridad y transparencia por parte de los medios de comunicación, deberá primero eliminar todo acto de opacidad en sus políticas de comunicación, que incluye el privilegio de ingresar a las “mañaneras” presidenciales.
Y también dar a conocer cada mes los montos que destina de publicidad a algunos medios de comunicación, de la Ciudad de México y el interior del estado.
Porque de lo poco que se sabe es que hay privilegios, se mantienen los privilegios, y uno de los más beneficiados en 2025 es Televisa, con 412 millones de pesos; le sigue el diario “La Jornada” con 270 millones de pesos; Grupo Milenio con 259 millones de pesos; Imer con 188 millones y Grupo Imagen, de Excélsior, con 168 millones de pesos (https://www.sinembargo.mx/4839214/publicidad-oficial-2025-tv-azteca-televisa/).
Están “castigados” (así lo reconoció la Presidenta la semana pasada) “El Universal”, “Reforma” y Tv Azteca; de éste último ya sabemos que no se trata nada más de temas informativos ni su crítica está centrada en la realidad por sí sola.
“En cualquier democracia sana la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, no una dádiva del poder. Parte de esta información fluye mediante la comunicación gubernamental financiada enteramente con recursos públicos. Sin embargo, en México la asignación del presupuesto de publicidad oficial ha sido históricamente –y continúa siendo– una de las herramientas más perversas, eficaces y opacas de control editorial, cooptación mediática y censura indirecta.
“Bajo la bandera del ‘cuidado de las audiencias’, la protección de los sectores vulnerables y el combate a la desinformación, el gobierno pretende articular un marco normativo que, en los hechos, funciona como una ley de censura. Lo que la narrativa oficial vende como una tutela responsable hacia la sociedad es, en realidad, el refinamiento del control gubernamental sobre el debate público”, escribe Octavio Islas en “Proceso”.
Y remata:
“Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas”. (https://www.proceso.com.mx/opinion/2026/8/9/publicidad-oficial-y-la-proteccion-a-las-audiencias-la-informacion-publica-como-derecho-377707.html).
