Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca, Oax., a 4 de septiembre de 2026.- El acuerdo signado entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para establecer un trazo podría tener implicaciones de orden jurídico, pues contraviene una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La controversia alcanzaría a ministros que eventualmente avalen el acuerdo, pero también a integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca que participaron en su autorización, firma y ejecución, advirtió Víctor Hugo Alejo Torres.
Y es que la SCJN resolvió desde el 16 de noviembre de 2021, mediante la controversia constitucional 121/2012, la delimitación territorial entre Oaxaca y Chiapas, resolución que actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento.
Al tratarse de una sentencia definitiva, los poderes estatales estarían impedidos para modificar mediante un convenio posterior los límites establecidos por el máximo tribunal.
Alejo Torres, asesor jurídico de San Francisco del Mar, calificó el convenio como inconvencional, inconstitucional e ilegal, al considerar que pretende alterar los efectos de una resolución firme.
Agregó que reconocer el acuerdo implicaría que la propia Corte desconociera su sentencia y vulnerara los principios de cosa juzgada y supremacía constitucional.
Advirtió que, si ministras y ministros avalaran el convenio pese a la existencia de la resolución definitiva, podría promoverse juicio político contra quienes votaran a favor.
La eventual responsabilidad política, planteó, también podría alcanzar a autoridades de Oaxaca involucradas en la autorización y celebración del acuerdo.
Alejo Torres sostuvo que el Congreso del Estado estaba impedido para facultar al Ejecutivo a convenir sobre la línea limítrofe, debido a que ésta ya había sido determinada por la SCJN.
Bajo esa interpretación, la autorización legislativa podría vulnerar los artículos 46 y 133 de la Constitución federal, al pretender modificar mediante actos locales una sentencia constitucional de observancia obligatoria.
El cuestionamiento alcanzaría también al Ejecutivo encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, que celebró el convenio con Chiapas cuando ya existía una resolución de la Corte sobre los límites territoriales.
La sentencia estableció que la línea divisoria inicia en la Barra de Tonalá, a los 16 grados de latitud norte, sigue hacia el Cerro del Chilillo y el Cerro de la Jineta, hasta concluir en el Cerro de los Martínez.
“Nadie ni nada puede modificar ese límite”, sostuvo Alejo Torres, quien afirmó que la resolución es definitiva, inatacable y de estricto cumplimiento.
El conflicto se remonta al 13 de abril de 2023, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que, además de atender la sentencia, autorizó al gobernador a celebrar un convenio amistoso de límites con Chiapas.
Cinco días después, ambos gobiernos suscribieron el acuerdo tomando como referencia el marco geoestadístico del INEGI de diciembre de 2018.
Al abogado Víctor Hugo Alejo Torres sostuvo que ese instrumento carece de valor jurídico para modificar la frontera establecida por la Corte y recordó que Chiapas intentó incorporarlo durante el procedimiento de aclaración de sentencia.
El planteamiento fue rechazado por la ministra instructora en marzo de 2024, mientras continuó el procedimiento para precisar mediante peritajes las coordenadas geográficas correspondientes.
El abogado también cuestionó que Oaxaca dejara de nombrar perito topógrafo y aportar elementos para acreditar físicamente puntos como la Barra de Tonalá y el Cerro del Chilillo.
Afirmó que el Pleno debe limitarse a valorar los peritajes ordenados para corregir coordenadas, sin modificar el sentido ni los efectos de la sentencia.
La disputa jurídica coincide ahora con una nueva tensión en Los Chimalapas, donde comuneros de San Miguel Chimalapa emprendieron acciones para recuperar aproximadamente cuatro mil 975 hectáreas del ejido Gustavo Díaz Ordaz.
Los comuneros consideran esas tierras parte de su territorio ancestral y plantearon a los habitantes de Díaz Ordaz incorporarse al régimen comunal zoque o abandonar la superficie reclamada.
La movilización hacia la zona provocó el reforzamiento de la seguridad ante el riesgo de confrontaciones, mientras autoridades mantienen presencia y seguimiento del conflicto.
El caso vuelve a colocar en primer plano la ejecución material de la sentencia de la SCJN y sus consecuencias territoriales en la frontera entre Oaxaca y Chiapas.
Alejo Torres sostuvo que la Corte debe desechar el convenio y ordenar el cumplimiento estricto de su resolución.
De avalarlo, advirtió, podría abrirse la vía para promover juicio político contra ministros, mientras las actuaciones del Congreso y del Ejecutivo de Oaxaca también quedarían bajo cuestionamiento por intervenir en un convenio sobre una materia previamente resuelta por la SCJN.
