Redacci\u00f3n\/Zona Roja.<\/p>\n\n\n\n
Oaxaca de Ju\u00e1rez, Oax., 17 de febrero de 2021.- La Defensor\u00eda de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n ante las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos contra un joven con discapacidad (Jos\u00e9 Ulises C. I.) detenido despu\u00e9s de un altercado en Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotl\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
Ante ello, el organismo inici\u00f3 el expediente DDHPO\/CA\/059\/(01)\/OAX\/2021 dentro del cual, solicit\u00f3 al Tribunal Superior de Justicia del Estado como medida cautelar la adopci\u00f3n de ajustes razonables para que se realice un proceso diferenciado tomando en cuenta la condici\u00f3n de discapacidad del joven.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, pidi\u00f3 a la Fiscal\u00eda General del Estado, le informe acerca de los ajustes razonables realizados para la vinculaci\u00f3n a proceso, y que investigue la posible existencia del delito de abigeato cometido en perjuicio de la persona vinculada a proceso.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que, al municipio de Santa Cruz Xoxocotl\u00e1n, requiri\u00f3 un informe en relaci\u00f3n al conocimiento que tenga de los hechos y el grado de intervenci\u00f3n respecto al proceso de detenci\u00f3n del joven.<\/p>\n\n\n\n
La Defensor\u00eda observar\u00e1 que la Fiscal\u00eda garantice los derechos del joven a partir de su condici\u00f3n de discapacidad intelectual, y tome en cuenta los hechos y sus propias circunstancias, en particular, el derecho a la leg\u00edtima defensa, que pudiera aplicarse en este caso, para no incurrir o propiciar una injerencia del Estado que no encuentre justificaci\u00f3n en el \u00e1mbito de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al \u00f3rgano jurisdiccional –no obstante la independencia judicial– el organismo aut\u00f3nomo protector de derechos humanos, observar\u00e1 el ejercicio de sus facultades conforme a las mejores pr\u00e1cticas del derecho comparado, siempre a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n
En este caso, desde su posici\u00f3n de instituci\u00f3n defensora de acuerdo con la Declaraci\u00f3n sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos.<\/p>\n\n\n\n
La Defensor\u00eda explic\u00f3 que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho, en el \u00e1mbito de la defensa penal a una intervenci\u00f3n especializada, tanto de la Fiscal\u00eda como del Tribunal, para respetar su dignidad y su efectivo derecho de acceso a la justicia, al punto que, todos los derechos espec\u00edficos del proceso se deben administrar a la persona de manera tal que resplandezcan por su efectividad en el caso concreto.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, dijo, es necesario que las instituciones hagan los ajustes razonables al procedimiento para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ya que el no hacerlo implicar\u00eda un acto de discriminaci\u00f3n por parte del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Las personas con discapacidad que enfrentan un proceso penal sin los ajustes razonables al procedimiento y sin apoyo en la toma de decisiones, est\u00e1n en un estado de denegaci\u00f3n de acceso a la justicia por las barreras con las que se encuentran dentro del proceso, lo que se traduce en violaciones a sus derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
La Defensor\u00eda record\u00f3 que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de eliminar las pr\u00e1cticas que vulneren los derechos humanos de las personas con discapacidad, y transformar los procedimientos y pol\u00edticas p\u00fablicas para que sean inclusivas y garanticen la protecci\u00f3n de los derechos humanos de las personas con discapacidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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