Adri\u00e1n Ortiz Romero Cuevas<\/p>\n\n\n\n
A pesar de que en 2016 se concret\u00f3 en M\u00e9xico un cambio fundamental en el sistema de justicia penal, hoy pareciera que, con el abuso en el uso de la figura de la prisi\u00f3n preventiva oficiosa y justificada, vivimos un complejo proceso de regresi\u00f3n y estancamiento en el cumplimiento del principio de progresividad en el goce de los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n\n\n\n
Quien paga los platos rotos, en todos los casos, es por un lado la ciudadan\u00eda que ve inerme, c\u00f3mo se vulneran sus derechos m\u00e1s b\u00e1sicos; y, por el otro, los paga el nuevo sistema de justicia que r\u00e1pidamente pierde credibilidad y legitimidad frente a esta circunstancia.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, en los \u00faltimos tiempos hemos visto casos paradigm\u00e1ticos relacionados con la justicia penal, como el de la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga, o el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.<\/p>\n\n\n\n
A la primera, se le ha mantenido en prisi\u00f3n a pesar de que por todos lados existen evidencias de lo innecesaria y violatoria de derechos que resulta esa medida cautelar; mientras que al segundo se le permiti\u00f3 un trato de privilegio hasta que el peso de las acusaciones, la presi\u00f3n ciudadana, y la imposibilidad de cumplir con los par\u00e1metros del criterio de oportunidad, hicieron que el Estado se viera pr\u00e1cticamente obligado a mantenerlo en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A Rosario Robles, el 13 de agosto de 2019 le fue dictada la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada, al considerar el juez de la causa que exist\u00eda riesgo de que se fugara.<\/p>\n\n\n\n
En su defensa ella present\u00f3 diversos medios de prueba relacionados con el arraigo en su domicilio y su voluntad de someterse al proceso penal voluntariamente.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico present\u00f3 documentos que luego fueron calificados como alterados, con los que sosten\u00eda que Robles no ten\u00eda un domicilio fijo y que por sus relaciones pol\u00edticas y empresariales exist\u00eda alto riesgo de fuga.<\/p>\n\n\n\n
Han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os, en los que su defensa jur\u00eddica ha combatido diversas determinaciones de los sucesivos jueces que han conocido del procedimiento, pero de todos modos no ha habido el eco esperado para que se le dicte una medida distinta a la prisi\u00f3n preventiva justificada.<\/p>\n\n\n\n
A ella se le acus\u00f3 de la comisi\u00f3n de los delitos de ejercicio indebido del servicio p\u00fablico, y omisi\u00f3n, los cuales bajo los par\u00e1metros tradicionales no eran considerados como delitos graves.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de ello, bajo la l\u00f3gica del nuevo sistema de justicia penal –que se supone que es m\u00e1s garantista–, lo que deb\u00eda jugarle a favor r\u00e1pidamente se torn\u00f3 en su contra.<\/p>\n\n\n\n
En contraparte est\u00e1 el caso de Emilio Lozoya. A \u00e9l se le acusa de haber recibido sobornos por 6 millones de d\u00f3lares de Odebrecht y lavar 1 mill\u00f3n 385 mil d\u00f3lares en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) dice tener pruebas para demostrar que Lozoya recibi\u00f3 m\u00e1s de 9 millones de d\u00f3lares en sobornos por parte de la constructora brasile\u00f1a, y que el dinero se ocult\u00f3 en empresas fachadas donde estar\u00edan involucrados familiares.<\/p>\n\n\n\n
Y se espera que en los pr\u00f3ximos d\u00edas la FGR presente la segunda acusaci\u00f3n formal en contra de Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, causa penal en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de d\u00f3lares para que Pemex comprara a sobreprecio una planta chatarra.<\/p>\n\n\n\n
LA JUSTICIA, CASTIGADA<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre uno y otro? Que mientras a Robles se le ha mantenido en prisi\u00f3n por m\u00e1s de dos a\u00f1os, a pesar de que existen innumerables evidencias de que esta es una medida excesiva, comenzando porque ella voluntariamente se present\u00f3 ante el juez a conocer las acusaciones penales que se hab\u00edan formulado en su contra.<\/p>\n\n\n\n
En contraparte, y a pesar de que Emilio Lozoya fue capturado en Espa\u00f1a y extraditado a M\u00e9xico, al llegar a nuestro pa\u00eds recibi\u00f3 un trato de privilegio, se le permiti\u00f3 inicialmente no pisar la c\u00e1rcel e incluso –aunque se dijo que estar\u00eda recluido en prisi\u00f3n domiciliaria– no se le dict\u00f3 medida alguna que le impidiera salir a la calle.<\/p>\n\n\n\n
Fue s\u00f3lo la difusi\u00f3n de fotograf\u00edas en las que el ex funcionario pe\u00f1ista depart\u00eda con amigos en un lujoso restaurante en la Ciudad de M\u00e9xico, lo que llev\u00f3 a la Fiscal\u00eda a solicitar el cambio de medida, y de trato, a este personaje que pr\u00f3ximamente ser\u00e1 juzgado, pero al que se le hab\u00eda dado trato de privilegio.<\/p>\n\n\n\n
Todo esto –adem\u00e1s de los casos locales, como el del ex Rector de la UABJO, al que la v\u00edspera se le dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva justificada, en un caso aparentemente de poca trascendencia y cuant\u00eda, pero en un contexto pol\u00edtico por dem\u00e1s complejo– hace pensar que a pesar del cambio de paradigma del sistema de justicia penal, de todos modos se siguen utilizando los mecanismos judiciales como ariete para resolver asuntos pol\u00edticos o para perseguir a personajes determinados.<\/p>\n\n\n\n
El problema es que, en todo esto, lo que queda claro es que la gran sacrificada sigue siendo la propia justicia, porque si el nuevo sistema de justicia acusatorio se implement\u00f3 para fortalecer la confianza de la ciudadan\u00eda en el sistema, ahora queda claro que su utilizaci\u00f3n bajo par\u00e1metros distintos puede generar problemas mucho m\u00e1s complejos de los que pretend\u00eda resolver.<\/p>\n\n\n\n
Pues todo parte de la idea err\u00f3nea de la llamada \u201cpuerta giratoria\u201d, bajo la cual ahora se justifican decisiones que no resultan del todo claras como mantener en prisi\u00f3n a una persona que bien podr\u00eda continuar sujeto a proceso, pero sin implicar el derecho a la libertad personal que, se supone, deb\u00eda ser defendido hasta el l\u00edmite de las capacidades.<\/p>\n\n\n\n
Y es que, a quienes se\u00f1alan al sistema acusatorio como una \u201cpuerta giratoria\u201d habr\u00eda que recordarles que el Ministerio P\u00fablico tiene la facultad de solicitar prisi\u00f3n preventiva para cualquier caso en el cual la consideren necesaria. Sin embargo, a diferencia del sistema anterior, la determinaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva no ocurre en autom\u00e1tico, sino que debe ser discutida con evidencia que pruebe la existencia de la posibilidad de fuga o de un riesgo para el proceso, la v\u00edctima o los testigos.<\/p>\n\n\n\n
El hecho de que esto no ocurra no es culpa de fallas en el dise\u00f1o normativo sino consecuencia de deficiencias institucionales que son responsabilidad directa de las autoridades que hoy critican al modelo. Los ministerios p\u00fablicos requieren fortalecer sus capacidades para integrar investigaciones s\u00f3lidas, as\u00ed como argumentar frente al juez de forma convincente sobre la medida cautelar necesaria. Esto \u00faltimo resulta casi imposible si consideramos que, salvo honrosas excepciones, las unidades de servicios previos al juicio -encargadas de generar la informaci\u00f3n para determinar la medida cautelar- brillan por su ausencia tanto en el \u00e1mbito local como federal.<\/p>\n\n\n\n
EPITAFIO<\/p>\n\n\n\n
Lo pol\u00edtico debe dirimirse en la arena pol\u00edtica y, como Perogrullo, lo judicial en el \u00e1mbito de la justicia. Seguir pensando en resolver lo pol\u00edtico a trav\u00e9s de la justicia es seguir condenando a M\u00e9xico al atraso y los resquemores que tanto da\u00f1o nos han hecho como sociedad.<\/p>\n\n\n\n
@columnaalmargen<\/p>\n\n\n\n
@ortizromeroc<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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