Juan Carlos D\u00edaz Carranza*<\/p>\n\n\n\n
(Publicada en \u201cProceso\u201d)<\/p>\n\n\n\n
Hace cuatro a\u00f1os se expidi\u00f3 el C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), como una promesa de transformar la justicia civil y familiar en el pa\u00eds, unificando la legislaci\u00f3n procesal en un solo cuerpo normativo que suplir\u00e1 los c\u00f3digos de las entidades federativas. La apuesta es ambiciosa: mejorar la administraci\u00f3n de justicia de estas dos materias en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n
Pero, contrario al esp\u00edritu de celeridad y eficiencia que define al C\u00f3digo Nacional, a menos de un a\u00f1o de su forzosa entrada en vigor, se est\u00e1 valorando postergar su operatividad otros tres a\u00f1os m\u00e1s, aun cuando el art\u00edculo segundo transitorio establece como fecha l\u00edmite el 1 de abril del 2027.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, obedece a que los poderes judiciales de los estados han reportado insuficientes avances: el tiempo se dilapid\u00f3, es poco el personal capacitado, no se han hecho las adaptaciones organizacionales ni los proyectos de infraestructura, menos a\u00fan, fueron asignados los recursos presupuestales necesarios. S\u00f3lo Baja California y Ciudad de M\u00e9xico cuentan con declaratoria de vigencia.<\/p>\n\n\n\n
La discordancia result\u00f3 de la reforma judicial que puso por delante la democratizaci\u00f3n electoral del Poder Judicial desde una visi\u00f3n reduccionista de legitimarse en las urnas, exponiendo el \u00e9xito de este ordenamiento legal.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, recientemente la Comisi\u00f3n para la Implementaci\u00f3n del Poder Judicial de Oaxaca convocamos a un foro en el que abrimos una interrogante: \u00bfEstamos listos para la implementaci\u00f3n? Acudieron especialistas, juzgadores, integrantes del grupo redactor del c\u00f3digo citado destacando la presencia de la diputada Olga S\u00e1nchez Cordero, el senador Javier Corral Jurado, y el ministro en retiro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1. <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de los desaf\u00edos de operatividad del nuevo C\u00f3digo Nacional, en la discusi\u00f3n el tema se centr\u00f3 en su puesta en marcha, que qued\u00f3 supeditada a la elecci\u00f3n judicial y a los nuevos juzgadores sin experiencia jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n
El tema no es menor, este ordenamiento jur\u00eddico parte de la premisa de un conocimiento m\u00ednimo de derecho sustantivo para aplicarlo en procedimientos que privilegian la oralidad e inmediaci\u00f3n, la justicia digital y los derechos humanos. Con el riesgo de colapsar si no se cuida el perfil de los operadores judiciales. <\/p>\n\n\n\n
Desafortunadamente, los temas judiciales han estado hist\u00f3ricamente fuera de la conversaci\u00f3n p\u00fablica. Identificar la importancia del C\u00f3digo Nacional en la vida cotidiana, no s\u00f3lo es crucial por el valor intr\u00ednseco que reviste su cuant\u00eda, anualmente 76% de los conflictos que se judicializan pertenecen a estas materias (Censo Estatal de Impartici\u00f3n de Justicia del INEGI); sino tambi\u00e9n, por el valor instrumental que entra\u00f1a para avanzar en la lucha por una justicia r\u00e1pida, efectiva y humanizada.<\/p>\n\n\n\n
Cinco ideas b\u00e1sicas: <\/p>\n\n\n\n
El a\u00f1o 2027 debe ser la meta. Con una visi\u00f3n autocritica, debemos reconocer que las realidades cotidianas que viven la mayor\u00eda de los mexicanos contin\u00faan siendo alarmantes y profundamente injustas. Por ello, no debe postergarse este marco normativo que viene a combatir el rezago y la lejan\u00eda del juzgador frente al conflicto. Por un lado, no deben subsistir las dos realidades en el mismo a\u00f1o: elecci\u00f3n judicial y la forzosa aplicaci\u00f3n del CNPCyF. Y por el otro, esta legislatura de la C\u00e1mara de Diputados del Congreso de la Uni\u00f3n deber\u00e1 asumir como una prioridad en el Presupuesto de Egresos del a\u00f1o entrante, la aprobaci\u00f3n de recursos para la implementaci\u00f3n del C\u00f3digo Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Prorrogar elecci\u00f3n judicial. Otra preocupante coincidencia es empalmar el proceso electoral con la elecci\u00f3n judicial. No es cosa menor que pudieran coincidir representantes de casillas de partidos pol\u00edticos custodiando las urnas judiciales. Tampoco el argumento del ahorro es significativo para que coexistan las dos elecciones en el mismo proceso. Hay voces que se han pronunciado en favor de que la elecci\u00f3n judicial se celebre en el a\u00f1o 2028. Sin embargo, la diversidad de interrogantes que surgen al tenor de esa posibilidad est\u00e1 causando un desequilibrio que la pr\u00f3rroga podr\u00eda remediar pasajeramente. <\/p>\n\n\n\n
Mejorar perfiles. El escepticismo obedece, en buena medida, a la noci\u00f3n de favoritismo y de reglas poco claras respecto de quienes aspiran a cargos judiciales, ello debe atajarse con transparencia e idoneidad. Porque los procedimientos en estas materias comienzan a evidenciar los estragos de un panorama en el que la experiencia, habilidad y carrera judicial est\u00e1n ausentes. Con la ense\u00f1anza que permite mirar en retrospectiva, es trascendente el proceso electoral que se avecina: m\u00e1s de la mitad de los poderes judiciales estatales se renovar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
Nivelar el piso. Si bien, el C\u00f3digo Nacional unific\u00f3 la legislaci\u00f3n procesal civil debido a que la dispersi\u00f3n de c\u00f3digos causaba incertidumbre jur\u00eddica y desigualdad, el legislador no se aboc\u00f3 en la desigualdad existente entre las entidades federativas y las necesidades que trae aparejadas el CNPCyF. Es una oportunidad de mejorar, porque la respuesta a las primeras necesidades de la transici\u00f3n del sistema escrito al oral es la contrataci\u00f3n de personal jurisdiccional. Este desaf\u00edo expone nuestra fragilidad; la m\u00e9trica ideal a escala internacional es de 18 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en estados como Oaxaca la realidad abarca s\u00f3lo una sexta parte de ese ideal: al contar con tres jueces por cien mil habitantes. En esta misma circunstancia se encuentran Aguascalientes y Quer\u00e9taro, pero con la mitad de poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Plan Piloto. La tensi\u00f3n entre escasez de tiempo e implementaci\u00f3n es uno de los hilos conductores de nuestra agenda de trabajo. La aplicaci\u00f3n gradual del C\u00f3digo Nacional en determinados procedimientos y sedes judiciales, permitir\u00e1n no s\u00f3lo al personal jurisdiccional, sino tambi\u00e9n abogados litigantes y justiciables, comenzar a familiarizarse con este nuevo modelo de justicia. <\/p>\n\n\n\n
La capacitaci\u00f3n no debe limitarse a un aspecto te\u00f3rico, debe perfeccionarse con la aplicaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica. El a\u00f1o 2027 debe ser la meta de la operaci\u00f3n del CNPCyF a escala en juicios que por su naturaleza permiten el desahogo de audiencias orales reducidas, pero con la garant\u00eda de forjar la experiencia y habilidades necesarias. <\/p>\n\n\n\n
Es necesario establecer un equilibrio entre democratizar a un poder del Estado y salvaguardar la misi\u00f3n judicial. El C\u00f3digo Nacional coadyuva a modelar una sociedad integrada y entra\u00f1a la clave para la comprensi\u00f3n del funcionamiento de nuestra sociedad y su problem\u00e1tica. <\/p>\n\n\n\n
*Magistrado, presidente de la Comisi\u00f3n para la Implementaci\u00f3n del CNPCyF, <\/p>\n\n\n\n
Poder Judicial del Estado de Oaxaca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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