Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de marzo de 2020.- La impunidad y la presunta responsabilidad de militantes del Partido Revolucionario Institucional en la muerte de Leslye Wilson Pérez, María del Sol Cruz Jarquín y Silvia Ivanna Mingo López, ha unido a las familias de las tres jóvenes en exigencia de la justicia que no llega.
En los tres casos acusan de negligencia, omisión, impericia y hasta dolo por parte de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Rubén Vasconcelos Méndez, para proteger a los responsables directos e indirectos de las jóvenes oaxaqueñas, vinculados al partido tricolor en la entidad.
“Hemos solicitado de manera reiterada a la Fiscalía lo que por derecho le corresponde a nuestras hijas y sus familias como víctimas indirectas: la justicia, que pasa por el ejercicio libre y sin condicionamiento alguno, ni hechos de corrupción, ni de protección a quienes resulten implicados, lo que hasta el día de hoy no ha sido garantizado por el Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, a quien le decimos que, si no puede, renuncié”, citan en un documento dirigido a los medios de comunicación y opinión pública.
De acuerdo con las familias de las jóvenes, es evidente que existe protección de las autoridades de la Fiscalía a personas ligadas al PRI, partido político al cual han solicitado que dejé de solapar a los criminales, así como complicidad del propio gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien se ha escudado en la “autonomía” de la instancia procuradora de justicia para evitar pronunciarse al respecto.
El asesinato de Lesly Wilson Pérez está por cumplir 10 años sin que exista justicia para la joven, cuyo caso trató de hacerse pasar por un suicidio y fue la lucha legal que mantiene la familia de la joven la que consiguió demostrar que la joven fue arrojada desde un sexto piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya en el conjunto habitacional de El Rosario.
Siete personas fueron involucradas en el asesinato de la joven de 25 años, todas resultaron ser familiares directos de la exsenadora del PRI, Cirila Sánchez; sólo una, Zuilma O.M., está recluida, mientras que tres más Berenice M.S., Jael Jair C. M., y Cecilia R.S., fueron detenidas y puestas en libertad mediante argucias legales.
Actualmente las hermanas Cecilia R.S., Eréndira Osiris R.S., y Abraham Abadalá R.S., así como Edel Javier S.V., se encuentran prófugos de la justicia.
El proceso penal en el caso de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio del 2018, ha sido igual de complejo para la familia. A sus 27 años “Solecito” fue obligada –violando la ley electoral- por el priista Francisco Montero López, titular de la SAI, a cubrir la campaña política de su hermano en Juchitán de Zaragoza, lugar en el que fue abatida, con armas de alto poder.
Por el caso sólo hay un detenido al que no se le ha podido realizar audiencia intermedia por “errores técnicos de la Fiscalía”; mientras que los procesos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no se judicializó hasta un año después de los hechos, al igual que la denuncia por robo del equipo propiedad de la joven fotógrafa y videasta.
“La dilación y omisión de las autoridades en los tres casos sin duda permiten observar la clara protección a actores políticos afines al PRI”, refieren.
Finalmente, y sin ser la excepción, el caso de Silvia Ivanna Mingo López, registra la protección de Alfredo D.C., quien fue dirigente juvenil del PRI, además de la implicación de Rebeca Leticia C.N., madre del acusado de “homicidio culposo”, acusada de obstrucción de la justicia al momento de desempeñarse como delegada de la Profeco.
Debido a la impericia de la Fiscalía, la familia tuvo que efectuar diversas actividades de investigación para poder realizar la imputación de Alfredo D.C., sin embargo, en diciembre pasado y ante la falta de resultados llevó a la familia de la joven de 26 años que murió en un accidente automovilístico el 21 de octubre del 2018, a solicitar el cambio de la agente del MP, Roxana Reyes Vásquez.
Otra de las irregularidades recae en el actuar del médico forense Jaime Alfonso Mayoral Vásquez que cambió su declaración tres meses después en torno a la hora del deceso de la joven.
Por lo anterior y debido a que consideran que los tres casos presentan evidentes actos de negligencia y omisiones cometidas por las Fiscalía General que encabeza Rubén Vasconcelos Méndez y la protección de personas ligadas al PRI, es que han decidido unirse para exigir justicia para sus hijas.
