Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de marzo de 2020.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas condenaron la existencia del grupo de WhatsApp “Sierra XXX” –en que estaba integrado un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indigenas (INPI)– que se dio a conocer la semana pasada y cuyo propósito es compartir pornografía y fotos íntimas, principalmente de mujeres mixes.
A través de un comunicado de prensa, se ha pedido la aplicación de la “Ley Olimpia”, es decir que la investigación del caso se realice de acuerdo al Código Penal de Oaxaca donde establece, en el artículo 249, el delito de violación a la intimidad sexual y el de violencia digital establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en la entidad.
La “Ley Olimpia” fue aprobada en el estado en julio del año pasado, en la cual se establecen sanciones de hasta ocho años de prisión y multas de mil a dos mil veces el salario mínimo para quienes compartan contenido íntimo, erótico o sexual sin consentimiento de la víctimas.
Por lo que instan al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que investigue y sancione a los funcionarios estatales y federales involucrados, entre ellos Juan Eliel Hernández, Donato Vargas (extrabajador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y Rolando Vázquez Pérez quien a raíz del conflicto “renunció”.
Asimismo, pidieron a la instancia a comprometerse e implementar espacios de formación sobre perspectiva de género en todo su personal.
“Es urgente un programa sobre violencia de género y nuevas masculinidades en todas las instituciones desde lo local hasta lo federal”, refiere el comunicado de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
También, demandaron la intervención de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para sancionar administrativa y penalmente según corresponda a todos los responsables y partícipes del citado grupo que violento los derechos a la intimidad de las mujeres mixes.
“Nos solidarizamos con cada una de las compañeras afectadas y exigimos la reparación del daño, la no repetición de estos actos y garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas del país”, concluyen.
Desde el pasado miércoles a través de las redes sociales se empezó a hacer evidente la situación, a la denuncia ser unió la lingüista y activista por los derechos de las comunidades indígenas, Yásnaya Aguilar Gil, quien aseguró que el funcionado federal señalado de pertenecer al grupo es una de las personas que más la ha agredido en su lucha por evidenciar la situación que vive Ayutla con la falta de agua desde hace más de dos años, y entre otras situaciones.
Así mismo la poeta y representante de América Latina para Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, Irma Pineda, se unió a la denuncia a la par que exigió a las autoridades del INPI se investiguen los hechos debido al señalamiento directo de un funcionario de la dependencia.
