Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de abril de 2020.- Del 1 de diciembre del 2016 a 31 de marzo del 2020 –tres años y cuatro meses del gobierno de Alejandro Murat–, se ha contabilizado en la entidad un total de 292 delitos sexuales, siendo ello un claro reflejo de la violencia contra las mujeres y niñas, informó la asociación civil Consorcio Oaxaca.
En un documento, expuso que en los últimos meses, los delitos como el acoso, abuso, hostigamiento y violaciones sexuales, han sido denunciados públicamente, mismos que ocurren tanto en los propios hogares como en los lugares en que las mujeres acuden de manera cotidiana, como la vía pública, escuelas, centros laborales, espacios cibernéticos, comunidades, entre otros.
Informó que no hay un límite de edades para los agresores, ya que las víctimas son desde los dos hasta los 88 años de edad; “es decir, de poco o nada ha servido la Alerta de Género en nuestro estado, ya que el 40 por ciento de éstos delitos se cometieron incluso en los municipios que cuentan con dicha Alerta 2018”.
Detalló que Oaxaca de Juárez tiene 59 casos, Huajuapan de León 24, San Pedro Mixtepec 13, San Juan Bautista Tuxtepec 11, Santa Cruz Xoxocotlán 12 y Tlaxiaco ocho casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
Según los datos contabilizados y subidos a la plataforma digital de Consorcio Oaxaca; los delitos sexuales que han ocurrido con mayor frecuencia durante esta administración son tres: acoso sexual 7.6%, abuso sexual más del 30%, y violación que registra más del 61% de la cifra total.
“Sin duda, la comisión de tales delitos, son una evidencia más de la cosificación que los agresores siguen haciendo de las mujeres para violentarlas sexualmente, porque se sienten con derecho de someterlas y tomarlas como objeto sexual.
“Las creen de su propiedad porque no pasa nada, porque la autoridad es pasiva y permisiva ante la violencia sexual por falta de perspectiva de género, pues en lugar de procurar justicia, revictimizan a las mujeres, mientras que los agresores continúan libres y en la impunidad”, detalló.
De ahí la urgente necesidad de mirar que la violencia sexual es un grave problema que debe ser reconocido y atendido por todos los ámbitos de gobierno, manifestó.
Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado:
Atender con perspectiva de género a las mujeres que se presenten a denunciar delitos sexuales; sin prejuicios ni estereotipos, y en base a los instrumentos locales, nacionales e internacionales.
Investigar con perspectiva de género tales delitos, para una debida integración de la carpeta de investigación, hasta lograr la judicialización y una sentencia ejemplar en contra de los agresores por delitos sexuales.
Al Poder Judicial pidió:
Sancionar aplicando además de los instrumentos locales, nacionales e internacionales, el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Dsentencias con sanciones ejemplares para los agresores sexuales.
Enviar a los agresores de forma obligatoria al Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, y ser vigilantes para que reciban terapias psicológicas y con ello se procure la no repetición de éstos delitos en contra de las mujeres.
En tanto a los medios de comunicación:
Evitar la hipersexualización, de mujeres, niñas y niños en programas radiales, televisivos o mensajes en internet y redes sociales.
Evitar la publicación de material que atente contra la intimidad de las mujeres, pues son los medios en muchas ocasiones quienes distribuyen dicho material volviéndolo viral.
Respetar y hacer valer la Ley Olimpia a quienes promuevan, divulguen o distribuyan imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente, o con contenido íntimo, erótico o sexual, impreso o grabado, sin consentimiento.
A las instituciones educativas:
Que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual progresiva y suficiente con apego a la realidad social, de acuerdo a su edad y comprensión.
Brindar recursos necesarios para el acompañamiento terapéutico de niñ@s, adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales.
Y a la sociedad en general:
Denunciar y apoyar con su testimonio a las víctimas.
Participar en redes de apoyo para prevenir el acoso y el abuso sexual, contribuyendo a que el derecho al libre uso, tránsito y disfrute seguro del espacio público para las niñas, adolescentes y mujeres, sea una realidad.
