Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de junio de 2020.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este martes la existencia de violencia política en razón de género contra una regidora del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ejercida por el edil Dante Montaño Montero.
En sesión, el pleno de la Sala Regional Xalapa también dictó medidas de reparación integral a favor de la regidora agredida debido a las amenazas, hostigamiento e intimidación que ha recibido por parte del presidente municipal.
En diciembre pasado, la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del municipio de Santa Lucía del Camino, Nallely Ortiz Jiménez, denunció la violencia política que sufría por parte del presidente Montaño Montero, del Partido Morena.
El edil, dijo, comenzó con una serie de amenazas y actos intimidatorios luego de exigirle como integrante del cabildo el cumplimiento de las sesiones y la transparencia de la aplicación de los recursos públicos.
Además, las acciones en su contra también se atribuyeron por la defensa de la base trabajadora, a la que se le había disminuido el salario sin motivos aparentes; por estas acciones sufrió de la retención del salario del personal a su cargo, y en consecuencia sin personal para esa regiduría.
La agraviada explicó en conferencia de prensa en diciembre de 2019 que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, integrada en la carpeta de investigación FGEO/FEDE/972/2019, por los diversos actos violentos y misóginos que sufrió desde el inicio de la administración.
SIGUIÓ VIOLENCIA
“La violencia política en mi contra se originó por exigirle al munícipe cumplir en tiempo y forma con la realización de las sesiones de Cabildo, como lo marca la Ley Orgánica Municipal, y al inconformarme por impedirme la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 y la discusión con el cabildo, a finales del año pasado.
“Iniciaron una serie de actos que buscaban impedir el desempeño de mi cargo. Desde el despido de personal adscrito a mi área, negación de mobiliario y material de oficina, cancelación de mi pago, hasta la humillación y discriminación tanto en público como en redes sociales y medios de comunicación”, dijo hoy la regidora en un comunicado.
La Sala Xalapa informó que decidió resolver este asunto en sesión no presencial por videoconferencia de este 02 de junio, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, al considerarla urgente, pues demorar su resolución podría ocasionar algún daño irreparable en contra de los derechos políticos-electorales de su promovente.
“Quiero señalar que nunca cesaron las acciones en mi contra por lo que tuve que cambiar mi domicilio en diversas ocasiones, no obstante, el edil Montaño Montero enviaba a sus emisarios a intimidarme. Lamentablemente no hay en la entidad instituciones lo suficientemente sólidas y comprometidas que atiendan con seriedad este tipo de delitos, consignados en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Luego de tocar muchas puertas de dependencias sin encontrar el apoyo necesario, en enero de este año interpuse un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano registrado con la clave JDC/13/2020, del cual se derivaron medidas de protección a mi favor”, expuso.
No obstante, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca había determinado que no se incurrió en violencia política y de género, determinación que fue revocada ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
“Aunque los integrantes del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino por ordenamiento del TEEO debían abstenerse de realizar conductas lesivas en mi contra y de mi familia, continuaron amedrentándome de diversas formas, en medio de un mayor riesgo para mi integridad física cuando este tribunal determinó no acreditar violencia política, pese a todas las pruebas presentadas, además dejando sin efecto las medidas de protección”.
La Sala Xalapa sí tomó en cuenta todas las pruebas expuestas y tras su fallo, espero que las instituciones en Oaxaca estén a la altura para hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de esa determinación, y pido respetuosamente a las organizaciones de la sociedad civil que me acompañen a mantenernos pendientes de la aplicación de las sanciones establecidas en la ley, marcando un antes y un después en términos de justicia ante la violencia política en razón de género, que como sociedad democrática que nos preciamos de ser, nunca debemos permitir”, remarcó Nalley Ortiz.
Y NULA TRANSPARENCIA
Por su parte, este fin de semana el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIPO) emitió una recomendación al ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, catalogado con la calidad de Sujeto Obligado, mismo que a la fecha cuenta con un total de 35 casos confirmados del virus Covid-19.
“El Pleno del IAIPO recomendó al H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino publicar de manera proactiva en los medios electrónicos de los que disponga, de manera enunciativa y no limitativa, los programas de prevención, protocolos, filtros sanitarios y acciones que esté implementando con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
“Asimismo, deberá publicar la información en datos abiertos del número de personas o establecimientos que han sido sancionados por incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas, información desagregada por tipo de sanción, establecimiento, género y edad, según sea el caso”, refirió en un comunicado.
