Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de junio de 2020.- Para romper con las prácticas de violencia por parte de las instituciones, principalmente hacia las mujeres, la diputada local Magaly López, propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Oaxaca.
Ello con la finalidad de establecer que las y los servidores públicos que sean sancionados por la comisión de faltas administrativas graves relacionadas con cualquier tipo de violencia en razón de género contra las mujeres, deberán someterse a procesos psicoeducativos con miras a erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Esta iniciativa plantea también, como requisitos para ocupar los cargos de titular de las dependencias, direcciones, jefaturas de departamento y de oficina, que la persona no haya sido sancionada en la vía penal, administrativa o electoral por actos u omisiones que constituyan violencia en razón de género contra las mujeres.
Asimismo, se plantea como requisito que la persona no haya resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en algunas de las recomendaciones emitidas por algún Organismo Público de Derechos Humanos, particularmente aquellas violaciones que atenten contra los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Y que en el caso de que haya cesado la inhabilitación decretada por la comisión de faltas administrativas graves relacionadas con cualquier tipo de violencia en razón de género contra las mujeres, la persona que dese ocupar un espacio en la administración pública deberá acreditar haber concluido el proceso psicoeducativo o de reeducación para personas que ejercen violencia contra las mujeres.
En tanto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que, para ser titular de una dependencia o entidad, de la administración pública estatal se requiere, en caso de haber cesado la inhabilitación decretada por la comisión de faltas administrativas graves relacionadas con cualquier tipo de violencia en razón de género contra las mujeres, la persona deberá acreditar haber concluido el proceso psicoeducativo o de reeducación para personas que ejercen violencia contra las mujeres.
La presente reforma establece también que, para ocupar un cargo público, es necesario no haber sido sancionado o sancionada en la vía penal, administrativa o electoral por actos u omisiones que constituyan violencia en razón de género contra las mujeres.
También, es importante no haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en algunas de las recomendaciones emitidas por algún Organismo Público de Derechos Humanos, particularmente aquellas violaciones que atenten contra los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
