Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de junio de 2020.- A Alejandro Murat Hinojosa lo persiguen las tragedias de todo tipo.
Fuertes lluvias en 2017, con graves daños a diversas regiones, entre ellas la Sierra Sur; dos sismos de gran magnitud en septiembre de 2017 y otro febrero de 2018; pandemia de Covid que devasta la economía y la salud de la gente, este año, y de nuevo un terremoto este junio.
Imponderables de la naturaleza que, por supuesto, nadie puede prever; aún si hubiera un amplio programa de prevención y mitigación de riesgos, la naturaleza seguiría implacable.
Sin embargo, hay tragedias que sí se pueden evitar, y en ellas no ha habido mucha atención. Lustros, décadas, siglos de olvido, pobreza, marginación y lucha por la tierra, a sangre y fuego. Pocos avances hubo en los dos sexenios anteriores, también manchados de delitos.
DISPUTAS VIOLENTAS
Pero en los últimos tres años y medio en Oaxaca, de manera particular, las masacres por disputa de tierra o conflictos internos entre las comunidades, se han acentuado y poco se ha hecho.
Es cierto, en su gran mayoría la solución depende de las autoridades agrarias federales; es cierto, se ha hecho labor en conciliación, en este caso a través de la Secretaría General de Gobierno, aunque al parecer insuficientes.
Pero también ha habido fallas que acrecientan las tragedias, como la impunidad que prohíja la Fiscalía General del Estado, al tener pocos o nulos avances en la mayoría de los casos.
De enero de 2017 a la fecha, según un recuento de la reportera de ZONA ROJA, Yuridiana Sosa, al menos 60 personas, entre ellas elementos de la Policía Estatal, han sido asesinadas por problemas internos en las comunidades de Oaxaca, desde líos agrarios a control político, así como cerca de medio centenar de heridos, desaparecidos y despojo o quemas de viviendas u otras propiedades.
La cifra corresponde a un somero recuento hemerográfico, sobre una serie de hechos registrados y denunciados por los habitantes de las poblaciones, en su mayoría indígenas o regidos por Sistemas Normativos Internos, en las distintas regiones del estado.
Son enfrentamientos con usos de armas de fuego, a palos, machetes, piedras, hasta quema de cuerpos, viviendas, vehículos, así como amenazas y hostigamiento.
El hecho violento más reciente –y de mayores proporciones– se registró en San Mateo del Mar, en la región del Istmo, donde 15 personas fueron masacradas el pasado 21 y 22 de junio, presuntamente por parte de un grupo dirigido por el agente de Huazantlán del Río. Las personas fueron quemadas, lapidadas, golpeadas y agredidas por disparos de armas de fuego.
A pesar de que hay nombres y apellidos de probables agresores o autores materiales e intelectuales, a ocho días de la cruel masacre, no hay personas detenidas; tampoco por el crimen perpetrado el 3 de mayo, también a una persona de Huazantlán, mucho menos contra quienes agredieron a pobladores y quemaron vehículos en esa fecha.
Por esos hechos, la Fiscalía General inició la carpeta de investigación 14516/FIST/SALINA/2020 por el delito de homicidio calificado y la carpeta 14495/FIST/SALINA/2020 por el delito de lesiones, daños y privación ilegal de la libertad contra un masculino.
INICIA CON PIE IZQUIERDO
Apenas comenzaba el sexenio de Murat Hinojosa, en diciembre de 2016, cuando a inicios de enero de 2017 se registró un enfrentamiento entre habitantes de la agencia Guadalupe Victoria y autoridades de la cabecera municipal de San Juan Juquila Mixe. El hecho dejó a un elemento de la Policía comunitaria fallecido y cuatro habitantes heridos.
El conflicto derivó de la convocatoria a elecciones en la cabecera municipal para el 2 de octubre por el régimen de Sistemas Normativos Internos, pero las agencias no fueron tomadas en cuenta, y ante las manifestaciones se ordenó reponer el proceso el 28 de diciembre, el cual se realizó de forma irregular, denunciaron.
En abril de ese año, otro conflicto en la Sierra Sur entre habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa y Santiago Lachivía, del municipio de San Carlos Yautepec, por la disputa de tierras resultó con el saldo de cinco personas muertas y 14 de heridos.
AÑO DIFÍCIL
Las circunstancias para el segundo año de mandato no variaron y en febrero del 2018 un niño de 10 años de edad murió y dos personas más resultaron heridas por el ataque armado en la Sierra Sur por un conflicto agrario entre habitantes de Rancho Viejo, Sola de Vega y San Vicente Coatlán.
Esta disputa presenta una antigüedad de hace 45 años por 19 mil 597 hectáreas, y por la que también se registraron ataque en abril de 2015, con saldo de dos muertos y un herido, y en junio de 2012, seis muertos y 11 heridos de San Vicente Coatlán.
El pasado 18 de marzo de 2018 otro enfrentamiento entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega resultó en la pérdida de una vida humana y daños al menos 10 casas incendiadas.
Para julio de ese año se registró otra masacre. La emboscada por parte de pobladores de San Lucas Ixcotepec contra sus vecinos de Santa María Ecatepec, en la Sierra Sur, dejó 13 muertos y dos heridos, así como desaparecidos.
La agresión nuevamente se registró bajo un contexto de líos agrarios de varios años por mil 660 hectáreas en zona limítrofe.
Así mismo, el 1 de julio de ese año se registró un enfrentamiento en la comunidad de Santiago Amoltepec, con el saldo de dos fallecidos y tres heridos, situación relacionada con la jornada electoral.
DESPOJO Y ELEMENTOS MASACRADOS
Durante el 2019 se registraron al menos seis hechos violentos que dejó como saldo el asesinato de una decena de fallecidos, cinco de ellas Policías Estatales.
Al comienzo de año, en enero, pobladores de la agencia Santos Reyes Zochiquilazala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, y habitantes del municipio de San Martín Peras protagonizaron un enfrentamiento que dejó tres muertos y tres heridos, informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE).
En marzo, otro lío agrario revivió entre habitantes de San Juan Jaltepec del municipio de Santiago Yaveo y sus vecinos de Nuevo San Antonio, de San Juan Lalana, en la región del Bajo Mixe, con un saldo preliminar de tres muertos, un herido y seis personas desaparecidas.
El 25 de junio se registró la masacre de cinco personas, justo en pleno proceso electoral, integrantes del Partido Morena, entre ellos un aspirante a diputado local; todo sigue impune. Un día después fue emboscado el ex edil de San Pedro Pochutla, Raymundo Carmona, hecho que dejó una persona fallecida, también por líos electorales.
El 10 de septiembre se registró una agresión entre San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán, con un saldo de dos personas fallecidas y tres lesionadas a balazos. Los hechos violentos derivaron de un conflicto agrario entre pobladores de ambas comunidades, apuntaron autoridades estatales.
Pero los pobladores de la agencia de Chuxnabán denunciaron que el problema no es agrario, sino internos por la aplicación de recursos, pues la cabecera municipal se niega a entregarles recursos presupuestales que les corresponden.
Tras esos hechos, los habitantes dieron a conocer que en julio también se registró un ataque donde murieron tres personas y tres más heridas, mientras que, en 2018, cuatro más, por parte de San Juan Bosco Chuxnabán, habían perdido la vida.
El 9 de noviembre, cinco elementos de la Policía Estatal murieron y dos más resultaron heridos durante una emboscada en San Vicente Coatlán, en la región de los Valles Centrales, cuando realizaban rondines de vigilancia a bordo de dos patrullas en el paraje denominado La Cementara. Ahí, presuntos habitantes detonaron armas de fuego contra los uniformados.
Mientras que el 19 de noviembre, se registró el desalojo violento a un centenar de familias en parajes “Loma del Quío”, “El Coquito” y “Los Mangales”, de Santa Cruz Xoxocotlán, con el saldo de una persona muerta y quema de viviendas.
Por esos hechos, la Fiscalía General inició la carpeta de investigación 40135/FDAI/UEIH/2019 contra quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona del sexo masculino durante, lo que denominó, un enfrentamiento.
¿Y LA JUSTICIA?
Este es un recuento somero y la lista podría ser más grande. Sin embargo, es mayor la impunidad en la resolución de casos.
Quejas van y quejas viene; conferencias, declaraciones, exigencias, sin que eso cambie la actitud del actual titular de la Fiscalía General, Rubén Vasconcelos Méndez, que a finales de mayo cumplió tres años en el cargo.
Por el contrario, al responsable de la procuración de justicia le interesa más la promoción política de su imagen, tan maltrecha por todos los medios y flancos, y alianzas con organizaciones sociales, para lo cual creó un área en específico.
Apenas el sábado 20 de junio –un día antes de la masacre en San Mateo del Mar-, pese a las medidas de sana distancia, efectuó un acto proselitista en La Experimental, San Antonio de la Cal, al colocar anuncios de la Fiscalía en medallones de taxis de la capital.
Medida tardía, para anunciar la forma en que se puede denunciar un delito, pues la pandemia lleva tres meses en la entidad; medida que podría violar la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca, que ha pugnado por quitar anuncios y letreros que empañan la visibilidad en las unidades de alquiler.
El pasado fin de semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa Villavicencio, exigió por enésima ocasión la renuncia de Vasconcelos Méndez, por ineficaz.
El gobierno de Alejandro Murat tiene muchos talones de Aquiles, pero uno que ya no aguanta caminar, por tantos tropiezos y nulos resultados, y es la Fiscalía; aún cuando el área de Comunicación Social, sin respetar la autonomía del órgano, difunde cotidianamente los comunicados. ¿Soportarán los Murat otros dos años y medio de negligencias y fallas en procuración de justicia?
