Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de julio de 2020.- El Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto dirigido a las autoridades del Gobierno del Estado y la Defensoría de los Derechos Humano del Pueblo de Oaxaca, a fin de atender la situación de violencia de género que se ha denunciado desde hace meses al interior de la Universidad del Istmo (Unitsmo), campus Ciudad Ixtepec.
En tribuna el legislador César Morales Nuño expuso el daño causado a las estudiantes de licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho de la Energía, así como personal administrativo y docentes, que han denunciado la violencia ejercida en su contra y que no han encontrado eco ni en las autoridades escolares y tampoco en las de procuración de justicia del estado.
Con el aval del pleno, exhortó al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que tramite con celeridad las quejas presentadas desde el mes febrero de este año y dicte las medidas cautelares correspondientes, respecto de acoso sexual y violencia escolar ocurridas al interior de la universidad.
Así mismo, al fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, para que deslinde las responsabilidades con los instigadores que han revictimizado a las y los denunciantes de los presuntos delitos; y al gobierno de Oaxaca para que lleve a cabo la reestructuración de la institución en caso de que se comprueben los actos de violencia y acoso sexual.
Morales Niño lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, las denuncias no hayan sido tomadas en cuenta con la seriedad que merecen y por el contrario las jóvenes terminaron el semestre siendo evaluadas y calificadas por quien ellas identifican como su propio agresor, sin que la Defensoría haya emitido las medidas cautelares a su favor, o al menos, haberlas desvinculado inmediatamente del entorno de quien ellas acusan les produce un daño.
Y no sólo eso ya que el personal docente (un profesor y dos profesoras) que por valor civil y ética acompañó a las víctimas a denunciar, fue violentado laboralmente, reduciéndole la carga académica en pleno semestre, todo en detrimento de su salario.
El legislador recordó que las conductas de acoso, hostigamiento y abusos sexuales de maestros, se denunciaron desde el 2019, sin que las autoridades internas de la Universidad realizaran algún tipo de investigación, ni sanción; por el contrario, han protegido a los agresores y dejaron a las alumnas y personal docente y administrativo en gran riesgo y expuestas a represalias.
Finalmente, detalló que la contingencia sanitaria que se vive actualmente no puede ser pretexto para no atender la grave situación, que involucra violencia sexual tipificada como un delito en las leyes locales, por lo que el exhorto fue emitido como de urgente y obvia resolución, mismo que fue avalado ayer por el pleno de la 64 Legislatura con el llamado a las autoridades para actuar de forma inmediata a favor de las afectadas.
El pasado mes de mayo, feministas en la región del Istmo de Tehuantepec denunciaron que la violencia de género al interior de la Universidad continuaba sin importar la contingencia sanitaria, de forma particular en contra de las docentes Montserrat Sánchez y Virginia Ilescas quienes dieron acompañamiento a las estudiantes que denunciaron acoso y hostigamiento.
De la reciente violencia, han acusado al abogado de la universidad, José Luis Ayala Álvarez; el vicerrector académico, Israel Flores Sandoval, y la jefa de carrera de Derecho, Cora Silvia Bonilla Carreón.
Previamente, las docentes habían referido acoso laboral por parte de José Guadalupe Villegas Castillejos, Silvio Félix Antonio Espinoza y Gabriel Soto Juárez, así como a Hernán Castillo Villalobos por ser el principal instigador de violencia en la comunidad estudiantil.
