Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de agosto de 2020.- La diputada Elisa Zepeda Lagunas presentó una iniciativa de reforma al artículo siete de la Ley Estatal de Salud, con la que se busca garantizar el primer nivel de atención médica a zonas rurales y urbanas de menor desarrollo económico y social en el estado.
La representante popular indicó que es obligación del Poder Ejecutivo, hacer uso de la infraestructura con la que cuenta la Secretaría de Salud Oaxaca, para acercar a través de las tecnologías de la información los servicios médicos.
La proposición legislativa establece que ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo a causa de la pandemia por Covid-19, resulta oportuno hacer uso de las tecnologías de la información, entendiendo estas como: aquellas que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones.
Elisa Zepeda indicó que las comunidades rurales en las que está llegando el coronavirus, las dificultades son diferentes a las del hacinamiento de las zonas urbano-marginales; toda vez que están más distantes de los servicios públicos, en particular de los establecimientos de salud equipados para atender a las personas que desarrollen complicaciones por la Covid-19 u otra enfermedad.
Señaló que otra de las desventajas, es que la mayoría de las comunidades alejadas, son habitadas por personas indígenas cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática, tanto en el acceso a oportunidades como en la discriminación en los establecimientos de salud.
Finalmente, la representante popular dijo que la pandemia mostró la enorme necesidad de implementar nuevos mecanismos para acercar los servicios de salud a nuestras comunidades; por lo que las tecnologías de la información resultan una oportunidad inmediata para brindar este servicio en su primer de atención, en la que las autoridades deberán ejercerla tomando como base la pertinencia cultural de nuestras comunidades indígenas; como lo es el contexto social y su lengua.
AGILIZAR JUSTICIA
Por otra parte, para garantizar a las mujeres indígenas que en el acceso a la justicia, logren conocer sus derechos no solo cuando corresponde acudir en su calidad de imputadas, sino también en su calidad de víctimas de un delito, como sucede en la mayoría de los casos, la diputada Elisa Zepeda propuso una iniciativa de reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
La representante popular señaló que resulta necesario reconocer que, dentro de la institución de procuración de justicia en nuestra entidad, carecen de mecanismos que tomen en cuenta el contexto cultural del que proviene la víctima, la parte ofendida o las personas testigos, a quienes no se les dota de la información integral buscando que ésta sea culturalmente adecuada.
Lo anterior, dijo se debe a que en gran medida, el personal de la fiscalía no está preparado para la atención de mujeres indígenas víctimas de delitos; pues carecen en primera instancia de la perspectiva de género y la atención ha sido homogénea, sin tomar en cuenta las condiciones culturales de las personas que acuden a presentar una denuncia.
De igual forma, la falta de traductores e intérpretes, hace a las mujeres indígenas más vulnerables a la violencia institucional , se traduce en omisiones y acciones en su contra. Por esta razón, el miedo a ser violentadas por las instituciones es, otra de las principales causas por las que las mujeres indígenas no accionan la justicia estatal.
“La Fiscalía General del Estado requiere tomar la importancia y la trascendencia de este rezago dentro de la institución, que ha violentado por años el derecho de las mujeres indígenas para acceder a la justicia cuando son víctimas de violencia por razón de género; pues es justo el miedo a ser revictimizadas una de las causas que las obliga a no dar seguimiento a la denuncia”.
La propuesta detalla, que la FGEO deberá contar con intérpretes y traductores para garantizar a las víctimas directas e indirectas, ofendidas, denunciantes, persona imputada y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la comunicación en sus lenguas y que conozcan sus derechos tomando como base la pertinencia cultural.
También estipula que el Ministerio Público deberá conducirse con ética, igualdad y con perspectiva de género.
