Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de agosto de 2020.- Decenas de colectivos feministas y activistas a título personal, exigieron al Congreso de Oaxaca garantizar la creación de cuerpos normativos que introduzcan el derecho de información a las infancias, adolescencias y juventudes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Lo anterior luego de que denunciaran que los diputados Fabrizio Emir Díaz Alcazar y Arsenio López Mejía García, ambos del Partido Encuentro Social, así como las diputadas María de Jesús Mendoza Sánchez, de Acción Nacional; Victoria Cruz Villar y Aurora Bertha López Acevedo, del Verde Ecologista de México, firmaron una iniciativa de ley para reformar el artículo 74 de la Ley de Educación del estado de Oaxaca y hacer posible la adopción del PIN parental.
Dicha iniciativa, fechada el 11 de agosto pretende que las madres y los padres puedan restringir a sus hijas e hijos el acceso a educación sexual, científica y con base en evidencia, bajo el argumento de que ese contenido contraviene “su moral”, situación que mantendría a la niñez y juventudes vulnerables ante diversos abusos sexuales que constituyen crímenes y violaciones a sus derechos humanos.
“Quienes suscribimos exigimos se detenga la intención de este grupo de servidores públicos y representantes populares, que tienen por obligación velar por el cumplimiento de los derechos humanos para todos los grupos que integran la sociedad, especialmente a las infancias y adolescencias”, manifestaron en un documento que hicieron público este lunes.
En este sentido lamentaron que, pese a la existencia de una Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, firmada el 4 de diciembre del año 2014, en la que el Estado mexicano denomina y reconoce a las y los menores como sujetos de derecho, esta no ha sido suficiente ya que aún son víctimas de discriminación sistemática que sufren por la omisión y/o acción del propio Estado.
Claro ejemplo, explicaron, que México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años; de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años, dos han estado embarazadas más de una vez; 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual, ubicando a México en el primer lugar en embarazo adolescente y abuso sexual.
De forma específica, la entidad oaxaqueña ocupa el tercer lugar en embarazos de menores de edad y abuso sexual infantil, mismo que ocurre sobre todo en el ámbito familiar, de acuerdo con datos de la Procuraduría Estatal de Protección a los Derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que sólo el 5% de los casos logran ser denunciados.
Por ello, pidieron cumplir con la máxima expuesta en el artículo 3ero constitucional que, entre otras cosas, señala “la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que incluya la educación sexual como materia tomando en cuenta la perspectiva de género y una orientación integral”.
Solicitaron al Poder Legislativo garantizar la laicidad en políticas públicas y etiquetados de presupuestos que ayuden a prevenir la violencia sexual infantil en el estado; requerir informes y transparentar, sin plazos ni topes legales, el acceso a la información sobre la vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescencias, tratándose sobre todo de la Fiscalía del Estado de Oaxaca y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca
Así mismo exhortar, las veces que sean necesarias, a todas las instituciones públicas para que cumplan con el seguimiento a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
