Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de septiembre de 2020.- Desde temprana hora de este jueves, las protestas nuevamente se hicieron presentes en la capital de Oaxaca, las cuales fueron encabezadas por grupos de comunidades indígenas que no han recibido respuesta a sus demandas expuestas con anterioridad.
A las puertas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DHHPO) arribaron habitantes de diversas comunidades, adheridas a la organización «23 de Octubre», para denunciar la falta de avance para acceder a la justicia por el asesinato de su líder Humberto Pasos.
“A 10 años de los hechos, exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Heriberto Pazos” refirió el grupo de inconformes, quienes reprocharon que, aunque existen personas detenidas, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca no aclare la situación.
José Miguel Mendoza Cruz, uno de los representantes, afirmó que además del caso de Pazos Ortiz, se han dado muchas muertes de dirigentes y no hay avances, además de mujeres desaparecidas. «La Fiscalía no da atención, si diera atención y prioridad a todos los temas de violencia, hubiera avances suficientes», expuso.
Para los manifestantes, el Estado está involucrado en el asesinato por lo que se ha complicado el acceso a la justicia; sin embargo, las recientes investigaciones en contra de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex procurador, así como de agentes de investigación podrían romper la cadena de complicidades al interior de las dependencias de procuración de justicia.
TAMBIÉN ANTORCHA
Mientras que militantes de Antorcha Campesina marcharon por las principales calles de la ciudad, como parte de una acción que se realiza de forma simultánea en otras partes de la República, a fin de solidarizarse con integrante de la organización que están siendo víctimas de persecución política en el estado de Puebla.
Dimas Romero González, dirigente del movimiento antorchista en Oaxaca, aseguró que se trata del inicio de una serie de movilizaciones para evitar la detención de forma arbitraria de sus compañeros que pretende consumar el gobernador poblano Miguel Ángel Barbosa.
“Denunciamos que hay una persecución política orquestada por el gobernador de Puebla y el movimiento antorchista no va a permitir que se encarcele a alguno de nuestros dirigentes a quienes no se le ha comprobado los señalamientos de enriquecimiento ilícito que argumentan”, dijo ante los medios.
Así mismo, criticó que los señalamientos sin ningún tipo de fundamento sean en contra de organizaciones, mientras que funcionarios y personajes políticos como el hermano del presidente de la República que si aparece en videos no sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, razón por la que mantendrán sus protestas en todas las entidades en las que tienen presencia.
CONTRA EDIL
Mientras tanto, agentes municipales de San José del Progreso arribaron a la capital de Oaxaca y se apersonaron a las afueras de Palacio de Gobierno para exigir la liberación de los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo 3 y 4 y demás recursos extraordinarios.
Explicaron que las comunidades de Maguey Largo, Porvenir, Los Vásquez y La Chilana, se encuentran en el total abandono por parte de la autoridad municipal quien solo destina entre dos mil y 15 mil pesos por comunidad, a pesar de que existen recursos federales que son asignados de forma anual, sin contar los millones que se reciben de forma anual por la extracción de sus minerales por parte de empresas particulares.
Los manifestantes dieron a conocer que en reiteradas ocasiones han buscado el dialogo con las autoridades municipales y estatales, sin embargo, no se ha podido consolidar razón por la cual decidieron hacer pública su demanda de atención y la necesidad de la entrega los presupuestos conforme a la ley, a fin de dar atención a la población que se enfrenta sin recursos a la pandemia. Finalmente anunciaron que, en caso de no ser escuchados y atendidos, por acuerdo de Asamblea determinaron realizaran bloqueos carreteros, así como la toma de las instalaciones de la minera que se ubica en la población, ello como medida de presión para obtener la libración de los recursos estatales y federales, así como participar en el convenio y fondo minero.
