Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de septiembre de 2020.- Tras una fuerte resistencia para abandonar el campamento que mantienen desde hace 10 años debajo de Palacio de Gobierno, los indígenas triquis desplazados de San Juan Copala accedieron a retirarse de forma provisional, ante el peligro que representa el arbolado del zócalo de la capital, uno de los ejemplares ubicado frente a dicho inmueble.
La caída de dos ejemplares de laurel en el zócalo el martes y la noche de este jueves, motivó el cierre al paso peatonal sobre la plaza de la Constitución, pues de acuerdo con los pronósticos, se espera que en los siguientes 10 días se registren lluvias puntuales en la capital, lo que generaría el reblandecimiento de la tierra sobre las jardineras del zócalo.
Uno de los añejos árboles se ubica frente a palacio de gobierno, donde en la jardinera las autoridades reportan daños, por lo que el riesgo de caer es mayor y representa un peligro latente para esos habitantes.
Enviados de la Secretaría General de Gobierno (Segego) acordaron con las mujeres triquis el retiro de algunas casas para acampar instaladas al exterior del palacio, así como no pernoctar en tanto no existan condiciones para su regreso.
Los representantes de la comunidad Triqui de San Juan Copala y San Miguel Copala sostendrán con la Segego una enésima reunión ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para abordar el tema de los retornos a sus comunidades, lo cual exigen desde hace una década.
Previo a estos hechos, los desplazados triquis se manifestaron en el atrio del templo de San Agustín, para exigir su inmediata reincorporación a sus localidades.
En su protesta también denunciaron las omisiones de las autoridades estatales para buscar garantías para su regreso, así como para su permanencia en la capital, donde llegaron tras el ataque armado del que fueron víctimas decenas de familias por problemas políticos y sociales.
Las familias desplazadas también denunciaron las violaciones a los derechos humanos y a los procesos penales de cuatro varones de su comunidad que cumplen 18 años como presos políticos por el supuesto asesinato del líder Heriberto Pazos.
