Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de septiembre de 2020.- ¿Hay gobernabilidad en Oaxaca? La respuesta está en entredicho, pues los actos de violencia en el estado son cada vez más frecuentes y aunque muchos casos son de competencia local, necesariamente el impacto es estatal.
Apenas a mediados de la semana que terminó, un grupo de indígenas triquis de Llano del Nopal, del municipio de Tlaxiaco, retuvo por varias horas a una partida de la Guardia Nacional; un enviado de gobierno arribó a la zona, pero estuvo a punto de correr la misma suerte.
La retención como un acto de justicia por propia mano, o como un acto desesperado para obligar a las autoridades al cumplimiento de sus obligaciones en la aplicación de recursos, solución a problemas sociales o agrarios, se ha convertido en una situación cada vez más constante en Oaxaca.
Pero a pesar de los riesgos que se presentan durante estos actos, realizado con violencia en varios casos, el gobierno estatal muestra resistencia, apatía, o ignora los hechos que han afectado a ciudadanos, autoridades municipales, estatales, personal médico y elementos policiales.
Desde inicios de año, a esta fecha, se han registrado al menos una docena de actos que violan los derechos humanos, que terminan siempre en el perdón y no ante la justicia, alentando más la impunidad.
¿Y LA SEGEGO?
¿Y la Secretaría General de Gobierno? La instancia sobre la que recae la política interna del estado, a cargo de Héctor Anuar Mafud Mafud, se excusa que muchas de las problemáticas son responsabilidad de otras áreas del gobierno o son de competencia municipal.
Muchas también son adrede, por pugnas políticas en el interior del gabinete de Alejandro Murat, o desde políticos o legisladores priistas que ven desde ahí un trampolín para sus fines proselitistas y electorales; un área en que para ellos la gobernabilidad pasa a segundo término y sólo les importa un control más en el ya de por sí desvencijado gobierno.
Nadie duda de la experiencia y capacidad de Mafud; un hombre que lo mismo ha sido diputado local que dirigente del PRI, que ha presidido la Secretaría General de Gobierno en tres sexenios, que además ha sido magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Salinacrucense que entre sus allegados presume que no llegó al puesto para enriquecerse ni se ha llenado de bienes. No obstante, un sector gubernamental lo torpedea y no hay día que, por las razones que sean, no haya movilizaciones.
Las organizaciones sociales son cada vez más, en lugar de disminuir; las protestas no respetan ni a la pandemia; las agencias cada vez más exigen recursos a sus cabeceras municipales y, lo más preocupante, cada vez lo hacen con mayor violencia, y ahora con retenciones.
CUENTO DE NUNCA ACABAR
Un recuento de la reportera Yurdiana Sosa, de ZONA ROJA, refiere que el 4 de enero comenzaron las retenciones, con unos 12 elementos de la Policía Estatal en la comunidad de La Cuarta, el municipio de Villa Sola de Vega, cuando al perseguir a un grupo armado, la comunidad les detuvo el paso.
A finales de enero, estalló un problema político-social en el municipio de Ayotzintepec, en la región de la Cuenca, donde sus habitantes retuvieron en la cárcel local al presidente municipal, Víctor Mendoza Velasco, y a 16 personas más, para exigir a la Secretaría General de Gobierno su presencia, pues desconocían a su edil.
El pasado 1 de abril, habitantes del municipio de Santiago Astata, que no simpatizan con el edil Geovanny Ricárdez Medina, retuvieron a un individuo del grupo de seguidores del presidente municipal y lo encarcelaron, como acto de protesta en rechazo a la ejecución de órdenes de aprehensión por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones contra personas que no son afines al primer concejal.
En medio de la pandemia, el personal del sector salud también comenzó a sufrir por este tipo de actos por su labor médica; el 9 de abril personal médico del Hospital Rural del IMSS de San Idelfonso Villa Alta denunció la violación a su derecho al libre tránsito ante el impedimento de las autoridades de la localidad para retirarse del lugar con el argumento que eran medidas para evitar la propagación del Covid-19.
El 9 de mayo, el presidente municipal de Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo, Alfredo Juárez Díaz –ya fallecido–, fue retenido junto con sus colaboradores por pobladores de la agencia Colonia Cuauhtémoc cuando repartía despensas sólo los habitantes afines al partido Morena, como ayuda por la contingencia. Como parte de la negociación para la liberación, el edil ofreció una patrulla municipal que también fue retenida.
NI SALUD SE SALVA
En la comunidad de La Joya del municipio de Santa María Jacatepec, en la región Cuenca, el pasado 20 de mayo unas 12 personas, entre médicos y enfermeras del Centro de Salud, funcionarios municipales y policías, fueron retenidos por la comunidad.
Los habitantes rechazaron el diagnóstico sobre la defunción por Covid-19 de una persona, así como las medidas de sanidad que en reiteradas ocasiones difundía el personal y las autoridades municipales, pues no creían en la enfermedad.
En tanto, el 27 mayo de forma violenta pobladores del municipio San Antonio de la Cal, en los Valles Centrales, retuvieron a cuatro trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca que realizaban labores de limpieza, pues manifestaban que a través del líquido que rociarían en las calles esparcirían en virus. Para su liberación y rescate arribó la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO).
Los actos violentos por retenciones continuaron el 14 de julio en Santiago Comaltepec, en la Sierra Norte, donde sus habitantes detuvieron a dos presuntos responsables del robo de un camión volteo, los cuales mantuvieron retenidos para exigir la intervención inmediata de la Secretaría General de Gobierno y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo.
Entre los hechos más extensos de retención que se han registrado este año, sobresale el de la privación de la libertad de 12 habitantes de San Martín Peras por parte de pobladores de Santos Reyes Zochiquilazala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, el pasado 30 de julio.
Los habitantes permanecieron dos semanas en poder de sus vecinos, con quienes mantienen añejos conflictos de límites territoriales, pero que durante la retención los habitantes de Juquila exigieron recursos públicos y obras públicas.
El 20 de agosto nuevamente se registra otra retención, ahora por habitantes de la agencia de San Juan Cuitito, del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, en la región Mixteca; primero “tomaron” el palacio municipal y posteriormente retuvieron a integrantes del Cabildo y una decena de servidores públicos para exigir la entrega de los recursos público y obras de beneficio social. Pero por esos hechos se notó la nula intervención de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego).
Este acto también fue implementado por transportistas de las regiones de la Costa y de la Mixteca el pasado 4 de septiembre. En el primer caso para los choferes de taxis del municipio de Pinotepa Nacional retuvieron al subsecretario de la Secretaría de Movilidad, Mario Alberto Guzmán Jaime, por la falta de solución a los problemas en el transporte, mientras que en Huajuapan de León, a funcionarios Fiscalía General de Oaxaca.
Así también, el pasado 7 de septiembre, Alexa Cisneros Ríos, presidenta municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, de la región de la Mixteca, fue privada de su libertad junto a su secretaria municipal, Briana Morales Reyes, por pobladores de la agencia de Yucuquimi de Ocampo, para exigirle entrega de los recursos de los Ramos 28 y 33 correspondiente al ejercicio social 2019 y 2020.
La presidenta fue liberada luego de tres días y por intervención de una mesa de negociación de la Segego con el grupo de inconformes encabezaos por la agenta municipal Eloína León Vásquez y adheridos al Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), que dirige Omar Esparza.
Un hecho particular es del municipio de San Miguel Chimalapa en la región del Istmo, quienes desde finales de agosto sufren de un “secuestro” ante la obstrucción de la única vialidad de acceso y salida por parte de vecinos de las agencias municipales, quienes también exigen dinero público para obras.
¿SE QUEDA O SE VA?
Es largo el recuento de la violencia social sigue al alza. Por cualquier motivo, la moneda de cambio es la vida humana; las retenciones ya no son por unas horas, sino por días, o por semanas.
Apenas también la semana pasada, culminaron 23 días de bloqueo carretero a la cabecera de San Miguel Chimalapa, sin salida ni entrada de sus pobladores, que ya se quejaban de desabasto e incremento de enfermos.
Pero, insistimos, muchos actos son alentados desde el interior del gabinete de Alejandro Murat. Alguien quiere la cabeza y el puesto de Mafud Mafud y éste, de tanto obús, se ha desgastado.
Al gobernador sólo le quedan dos opciones, si quiere terminar mediamente bien en materia de política interna: o le da todo el respaldo a Mafud y para los ataques, o lo reemplaza pero a la voz de ya.
